La senadora tucumana Beatriz Mirkin (Frente de Todos) fue denunciada por "encubrimiento agravado" en el marco de la causa por abuso sexual contra el ex gobernador José Alperovich.

El abogado Gustavo Morales efectuó la denuncia y aseguró que Mirkin "tomó conocimiento" por parte de la víctima de lo sucedido con Alperovich primero en junio de 2018 y luego en mayo de 2019, antes de concurrir a la Justicia.

La sobrina de Alperovich trabajó como colaboradora de su tío en la campaña electoral a gobernador, pero antes se había desempeñado como personal transitorio en el despacho de Mirkin en el Senado.

"Ella estaba obligada a poner en conocimiento, por lo menos de la Presidencia del Senado, de los comportamientos impúdicos" del senador Alperovich, enfatizó el letrado en declaraciones al canal TN.

Según afirmó Morales, Mirkin le habría contestado a la joven que "aguante hasta después de las elecciones" para presentar su denuncia.

"Pero hay algo mucho más grave que le dijo, es que a ella no le sorprendía el comportamiento de Alperovich porque también lo había vivenciado con una secretaria personal de ella cuando era ministra de Desarrollo Social", agregó.

El abogado habló de un "comportamiento omisivo deliberadamente malicioso de Beatriz Mirkin", y sostuvo que existe "una estructura de poder y perversa en torno a José Alperovich".

Fallo sobre la denuncia original

La Justicia de Tucumán decidió este martes que las denuncias contra Alperovich sean investigadas tanto en esa provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, ya que hay hechos presuntamente ocurridos en ambos distritos.

LPOJuan Casas

La investigación será cursada en ambos distritos hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida, sostuvo el camarista Enrique Pedicone. "La investigación debe tramitarse de manera rápida y eficiente en ambos lados hasta que la Corte así lo disponga", completó el magistrado al dar su resolución, luego de escuchar los planteos de las partes.

En ese sentido, Pedicone lamentó el «peloteo» entre el juez tucumano Facundo Maggio y el porteño Osvaldo Rappa, quienes habían planteado la incompetencia de sus juzgados y se habían excusado.

Respecto al primero, el camarista cuestionó que haya enviado el cuerpo principal del expediente a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que a la Cámara de Apelaciones porteña le recriminó su intención de resolver que las causas se acumulen en esa jurisidicción y consideró que era una «decisión es ilegal, inconstitucional e ilegítima».

De los siete hechos denunciados por la joven de 29 años, que era empleada del Senado, cinco ocurrieron en la provincia de Tucumán, mientras que los dos restantes fueron perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires.

«No se hizo nada en la ciudad de Tucumán», se quejó el abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, en su exposición en favor de que el caso sea investigado en su totalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima, sobrina del legislador, siguió la audiencia por videoconferencia desde una sala contigua del edificio de los Tribunales tucumanos, según confirmó el propio camarista.

Mientras se desarrollaba la jornada judicial, en las afueras se realizó una protesta contra el senador.