La ley de emergencia económica que está a punto de aprobarse en el Congreso permitirá un ahorro fiscal de hasta 2 puntos del PBI, según estiman las consultoras privadas.

Econviews, la firma de Miguel Kiguel, proyecta una mejora de 2 punto. Algo menos optimista fue el equipo de analistas del Banco Provincia, que con la redacción actual  estima que la presión tributaria llegaría al 22,7% del PBI el año que viene, 1,6 puntos más que en 2019, pero 2,3 puntos más que la presión proyectada por el esquema de baja de impuestos de Mauricio Macri. En tanto, la consultora Elypsis sostiene que fluctuará entre 1 y 2 puntos "dependiendo del ajuste previsional". 

Sucede que este componente podría representar la mitad del beneficio para las arcas del estado. "Suponiendo que la movilidad previsional en 2020 se reemplaza por los dos bonos de 5000 pesos indicados en la Ley, las medidas contempladas en el proyecto implicarían un ahorro fiscal de 1,9% del PBI, del cual un 0,9% del PBI se explicaría por el ajuste en el gasto previsional fruto de la suspensión de la movilidad", indican.

Sin embargo, aclaran que este supuesto no es realista y que el escenario más posible sugiere una actualización por inflación en marzo que elimine esa ganancia y termine con un efecto neutro.

El Gobierno aprobó la emergencia económica en Diputados con ayuda de Lavagna y Schiaretti

"Si se cumple nuestro escenario base, el aumento previsto para marzo pasaría de 11,6% (bajo la fórmula de movilidad vigente) a 11,4%; el de junio, de 11,6% a 9,4%; el de septiembre, de 11% a 8,5%; y el de diciembre, de 10,1% a 7,4%. Así, el aumento entre puntas se reduciría de 52,2% a 42,6%", dice el informe.

En este caso, toda la mejora vendría por las medidas de incremento de ingresos, que totalizarían cerca del 1,3% del PBI. El impuesto a la compra de dólares para ahorro y las compras en moneda extranjera alcanzaría el 0,5% y el aumento de retenciones a las exportaciones un 0,5%.

Por el contrario, el congelamiento de tarifas implicaría un aumento de subsidios en torno al 0,3%, según los cálculos de la consultora.

Respecto a las fuentes de financiamiento, el aval a fondearse con el sector público aportaría el 2,4% del PBI, de los cuales el 1,4% sería por títulos públicos del FGS y el 1% en letras que se le entregarán al Banco Central.