El mensaje del nuevo Consenso Fiscal, que los gobernadores firmaron con Alberto Fernández y que modifica el acuerdo impulsado por Macri en 2017, ingresó por la Cámara de Diputados este miércoles y el peronismo busca aprobarlo en la última sesión del año y requiere de mayoría especial para tratarlo sobretablas.

El nuevo acuerdo es fundamental para Perotti porque deja sin efecto por un año la reducción impositiva que impulsó Macri en su mejor momento político y que reducía significativamente la capacidad recaudatoria de las provincias.

Por lo tanto, el nuevo gobernador peronista está frente a la oportunidad de disponer de un alivio fiscal que representa unos $60 mil millones para las 23 provincias y CABA. En Santa Fe, el flamante gobernador insiste en la delicada situación financiera que heredó de Lifschitz con un déficit de 8 mil millones de pesos.

Sin embargo, el expediente de adhesión al nuevo régimen dependerá de la voluntad de la Legislatura donde Perotti no corre con ventajas. En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista controla apenas 7 de 50 bancas y en el Senado, la pelea con el sector de Pipi Traferri podría generarle más de un dolor de cabeza.

Según el relevamiento que hizo LPO, el bloque mayoritario del Frente Progresista trataría el expediente con cautela y lo más probable, de no mediar sorpresas, es que pidan más tiempo para su análisis lo cual implica, prácticamente, diluir su discusión para las extraordinarias del año próximo aunque está la posibilidad que se convoque a una nueva sesión en la semana de Navidad: "iremos con el lechón en la garganta", bromeó un senador oficialista.

Además, entre las condiciones del nuevo pacto establece que a cambio de la posibilidad de ampliar la base recaudatoria, las provincias deberán desistir de los juicios a través de los cuales le reclamaban a Nación retrotraer la política fiscal a la situación anterior a los decretos de Macri (que entre otras medidas eliminó el Fondo Sojero).

Si bien, en Santa Fe este punto tendría implicancia solo para las discusiones que se estaban dando por el reclamo del IVA y no afectaría la deuda histórica que el gobierno federal por la detracción indebida de coparticipación (que a valores actuales rondaría los 100 millones de pesos) porque ya existe sentencia firme, los diputados de la oposición quieren estudiar en profundidad este punto.

"No vamos a renunciar jamás al reclamo histórico por coparticipación", repiten permanentemente en el Frente Progresista. Por lo pronto, el bloque que gobierna Miguel Lifschitz, insisten en que no hay claridad en el mensaje que apenas consta de dos carillas y remite a la modificación de los artículos del Pacto de 2017.

Por otro lado, el bloque progresista atraviesa su propia tormenta por el reparto de las comisiones y entre el radicalismo, que cuenta con 11 de los 25 diputados, junto al socialismo, intentan monopolizar comisiones claves como Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

Quien puso el grito en el cielo fue el diputado del PDP, Gabriel Real, quien reclamó integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la cual integró históricamente el partido de Lisandro de la Torre.