Fue un testeo. Cuando promediaba la sesión de Diputados convocada para aprobar la ley de alquileres y la de góndolas, las verdes, recordadas por ganar la votación del aborto en 2018, se decidieron a pedir tratar la ley de educación sexual integral (ESI).

El proyecto obtuvo dictamen 20 días después de rechazado el aborto legal en el Senado y contó con el rápido rechazo de sus verdugos, los grupos Provida.

Enterados que podría haber una maniobra para colar la ley, se apostaron frente al Congreso con sus banderas celestes y rosas y sus proclamas contra la ESI. El principal es "con nuestros chicos no".

Representados por el radical José Riccardo, ex Decano de la Universidad de San Luis, los verdes intentaron lo imposible: conseguir tres cuartas partes del recinto para apartarse del reglamento.

La votación la ganaron 107 a 71 en contra, con muchas ausencias y la esperanza de los promotores de alcanzar los 129 necesarios para una sesión especial. Dictamen en mano, con ese número podrían aprobarlo y enviarlo al Senado y en esa tarea ya se pondrían mano a la obra varias diputadas como Brenda Austin, Silvia Lospennato y Karina Banfi, todas de Juntos por el Cambio. 

El dictamen es una reforma de la norma de 2006 que casi no se aplica y a los Provida les aterra que obliga a que obliga a cada provincia a dictar "la educación sexual integral de manera transversal y a través de espacios curriculares específicos". 

Señala en otro artículo que "la definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática", que "deberá sugerir preguntas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de educación sexual integral a fin de que sean incluidas en los operativos de evaluación continuos y periódicos del sistema educativo nacional".