A una semana del estallido en Chile, Sebastián Piñera no logra encontrarle la vuelta al conflicto a pesar del anuncio de un paquete de medidas sociales y enfrenta cada vez más denuncias por violaciones de los derechos humanos de parte de los militares, a los que entregó el control total de la seguridad.

Con gran parte del territorio en estado de emergencia y con toques de queda por las noches, el presidente chileno parece haber fracasado en su principal estrategia: entregarle el control total de la situación al Ejército. El despliegue de los militares en las calles no funcionó como factor de disuasión y tampoco el accionar represivo frenó a los manifestantes. Lejos de eso, los excesos de los "pacos" (difundidos a través de cientos de videos en las redes sociales) enfurecieron a la sociedad, que se rebeló y mantiene las protestas. 

En los videos difundidos se observa a efectivos militares o policiales ingresando a viviendas particulares, disparando a mansalva o golpeando a detenidos, entre muchos otros excesos. Incluso, en las redes sociales se habla de desapariciones o un número de muertos mayor al oficial, aunque esto ha sido desmentido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

El último reporte del INDH, una entidad pública pero autónoma que realiza un reporte diario a través de recorridas en hospitales, comisarías y juzgados, registró que desde el inicio de las protestas, el jueves pasado, hay al menos 2410 detenidos (274 de ellos menores de edad). El miércoles, el presidente del INDH, Sergio Micco, se reunió con Piñera y le manifestó su "grave preocupación por la violación a los derechos humanos" cometidas durante los últimos días.

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De los 18 muertos el INDH cuenta cinco en situaciones donde intervinieron agentes del Estado. Además, suma 535 personas heridas, 210 por arma de fuego. El instituto además registró denuncias de torturas y abusos: radicó 8 presentaciones por violencia sexual (desnudamientos, amenazas de violaciones y tocamientos) y 24 por apremios ilegítimos o torturas. 

"Hemos conocido cinco casos de desnudamientos a mujeres y uno perpetrado contra un niño que se encontraba detenido junto a su tío, ocurrido en la 14ª comisaría de San Bernardo", detalló Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, respecto a las denuncias de abusos sexuales. "Además, tomamos conocimiento de casos de mujeres víctimas de amenazas de violación, una por parte de militares, y otra por carabineros que incluso le practicaron tocaciones", continuó.

Una de las denuncias más graves que recibió el INDH es acerca de la presunta existencia de un centro de torturas en una comisaría de Plaza Baquedano, en Santiago. Un estudiante detenido por Carabineros dijo haber visto personas amarradas de sus muñecas, colgando desde el techo y sufriendo torturas por parte de efectivos. La Justicia recorrió el lugar pero no encontró detenidos en el lugar, aunque sí signos de violencia.

Estas denuncias ya están generando denuncias que trascienden las fronteras de Chile. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Piñera que se respeten los derechos humanos y que asegure "que los agentes implicados en abusos sean investigados en forma oportuna e imparcial".

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el "uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad" y urgió al Estado a "entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población en el marco democrático del Estado de Derecho". Además, expresó su preocupación por agresiones a personal de la INDH.

Tras las denuncias de la CIDH, Amnistía y HRW, entre otros, Michelle Bachelet anunció que enviará una misión de verificación de la ONU para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares

El organismo americano además cuestionó la decisión de Piñera de imponer el estado de excepción y le recordó que éstos "deben ajustarse a causales estrictas como la existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social".

En tanto, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le reclamó a Piñera que escuche los reclamos "en vez de equiparar las manifestaciones con un ‘estado de guerra' y a quienes protestan con un enemigo del Estado, estigmatizando de forma generalizada a tales personas y allanando el camino para justificar abusos en su contra".

Ante estas denuncias, un grupo de diputados de izquierda y centroizquierda envió una carta a la ex presidenta Michelle Bachelet para que en su carácter de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU envíe un grupo de observadores internacionales.

Ante este reclamo y una "invitación" formal del gobierno de Piñera, Bachelet anunció este jueves que decidió enviar "una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos".

Por otro lado, el Ministerio Público designó a un fiscal especial para investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policiales en el marco del estallido social que se ha tomado las calles del país. Varios jueces ya investigan decenas de denuncias.