El Tribunal Oral Federal 3 ordenó este jueves excarcelar a Cristóbal López y Fabián de Souza, tal como anticipó la semana pasada en exclusiva LPO. El tribunal que debe realizar el juicio por la causa Oil Combustibles, entendió que al ser sobreídos la semana pasada en una causa conexa por una jueza federal de primera instancia, correspondía dejarlos en libertad.

Sin embargo, por ahora seguirán detenidos ya que el juez federal Claudio Bonadio les dictó prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa de los cuadernos.

Los miembros del TOF3 concedieron -por mayoría- el beneficio bajo caución juratoria y determinaron que los empresarios no pueden salir del país mientras se desarrolle el proceso.

La liberación de Cristóbal López y Fabián de Souza era "prioritaria" para Alberto Fernández, que públicamente dijo que estaban detenidos de manera irregular ya que no tenían condena. El actual candidato a presidente fue abogado de ambos y tiene una amistad personal con De Souza.

Sobreseyeron a Cristóbal López y De Sousa y podrían quedar libres en días

Los abogados defensores de López y De Sousa, según pudo saber LPO, podrían realizar este mismo viernes presentaciones ante el juzgado de Bonadio para lograr la liberación inmediata de sus clientes. En su pedido de excarcelación señalaron que  "Lopez tiene 63 anos, no puede realizar actividad fisica, es hipertenso, circunstancias que podrian estar mejor cubiertas si estuviese en libertad".

En su pedido de excarcelación, los abogados de Cristóbal López señalaron que el empresario "tiene 63 anos, no puede realizar actividad fisica, es hipertenso, circunstancias que podrian estar mejor cubiertas si estuviese en libertad".

En la causa que deberá juzgar el TOF3, los empresarios son acusados de defraudación al Estado por evadir mediante Oil Combustibles unos $ 8.000 millones.

Cristóbal López solicitó su excarcelación después de haber sido sobreseído en la causa donde se lo investigaba por presunta administración fraudulenta cuando buscó desprenderse del Grupo Indalo. Fue la jueza María Eugenia Capuchetti, la única del fuero federal nombrada por Mauricio Macri, quien sobreseyó a los empresarios en la causa por la fallida venta del Grupo Indalo a Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre, en una operación que se sospechó fraudulenta.

La jueza Capuchetti se basó en un dictamen del fiscal Federico González, quien consideró que no había existido delito en el supuesto traspaso del grupo. 

A pesar de tener varias causas abiertas en la justicia, fue el intento de venta del grupo a Rosner lo que derivó en la detención de los titulares del Grupo Indalo en octubre de 2017. Se trata de una causa paralela iniciada por el magistrado Julián Ercolini e investigada por el fiscal Gerardo Pollicita, quienes instrumentaron las detenciones.

La defensa del empresario kirchnerista sostuvo luego de esa decisión que ante "la inexistencia del hecho que se utilizara para justificar la detención preventiva de nuestro asistido, corroborada por el sobreseimiento, genera que la misma deba cesar inmediatamente".

Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención de los dueños del Grupo Indalo, el juez Julián Ercolini concluyó que sus dueños cometieron acciones "dirigidas a obstruir la labor de la justicia". Ahora, los jueces del TOF señalaron que el sobreseimiento dispuesto por Capuchetti "se encuentra intimamente relacionado" con  el pedido de excarcelamiento que le tocó tratar "toda vez que la prision preventiva dispuesta en la etapa anterior con la solucion de la Camara Federal de Casacion Penal, que este Tribunal considero, se baso en la estimacion de una maniobra desarrollada por los coimputados que alli se investigo y respecto de la cual se concluyo que no constituia un hecho punible".

"En este sentido, el temperamento adoptado, deja sin sustento el riesgo procesal -entorpecimiento de la investigacion- que dio fundamento a la prision preventiva de Lopez", agregaron.