Hernán Lacunza envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reprogramar 32.000 millones de dólares de deuda de mediano y largo plazo emitida bajo ley nacional, como había anunciado hace tres semanas, pero no se trata de un nuevo cronograma de pagos sino de una normativa para sentar las bases de una oferta.  

Su espíritu es que rija sobre los bonos una cláusula de acción colectiva similar a los bonos emitidos bajo Ley Nueva York o europea y aunque en Hacienda aseguran que fue conversada con la oposición, los líderes parlamentarios de Cambiemos afirmaban que se trataría junto al presupuesto, o sea, después de la elección presidencial. 

Con esta ley, si una mayoría calificada de bonistas accede a una reestructuración el resto de los acreedores no puede litigar judicialmente contra el país, se les cerraría la puerta a los fondos buitre que compran deuda defaulteada para pedir un resarcimiento en Tribunales. 

Así surge en el inciso 3 del artículo 2 del proyecto, que establece cláusulas de acción colectiva con el 75% de adhesión cuando afecte a títulos de un única serie o de dos o más series agrupadas en la solicitud de modificación; del 66,66% a títulos en circulación de todas las series agrupadas; y del 50% a títulos en circulación de cada una de las series agrupadas (consideradas en forma individual). 

"En caso de que el tenedor de títulos representativos de deuda pública nacional manifieste su consentimiento a la solicitud respecto de esos títulos y con posterioridad a ello los transfiera, grave, prende y/o los afecte de cualquier otro modo, el consentimiento emitido será definitivo y vinculante a los efectos de la solicitud para todos los futuros tenedores de dichos títulos", señala. 

La idea es dar el primer paso para la creación de un mecanismo institucional de reperfilamiento "amigable" de la deuda que permita a los acreedores suscribir voluntariamente a una propuesta que estire vencimientos, pero sin quitas, tal y como lo había propuesto Lacunza.

El proyecto no pospone los vencimientos sino que incluye una cláusula de acción colectiva para que los fondos buitres no compren una porción de la deuda. 

En Hacienda aseguraron que "este proyecto habilita al Ejecutivo a entablar una negociación. Da una señal de que la eventual discusión de la deuda se hará en un marco voluntario y de racionalidad".

El objetivo, plantearon, es que "quien gane en las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin excesivos condicionantes financieros, este proyecto de ley busca proveer las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de plazos de deuda bajo jurisdicción local".

"El problema hoy es de plazos, por eso se está pensando en una extensión ‘amigable', no es un cambio en las condiciones de los bonos. Hay que dar una señal hacia el futuro. Los mercados muestran que hay mucha incertidumbre y con esto vamos hacia un mecanismo racional", agregaron.

En el artículo 6 del proyecto el Gobierno vuelve a pedir modificar la ley de administración financiera  que restringe el margen de negociación de la deuda del Gobierno a "un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales". La oposición de Diputados lo bloqueó en el presupuesto del año pasado. 

Actualmente, hay emitidos 65.000 millones de dólares de bonos bajo ley extranjera y 32.000 millones de dólares de bonos bajo ley nacional.  A esto hay que sumarles 67.600 millones de dólares que se les adeudan al FMI y a otros organismos internacionales y también 21.420 millones de dólares de vencimientos de Letras de corto plazo en dólares o vinculadas al dólar como las Letes, las Lecaps y las Lelink (además de las Lecer) hasta fines de 2020.

Respecto de la deuda bajo ley internacional, Hacienda aclaró que "sería razonable trabajar en paralelo con ambas legislaciones. En primer lugar, porque hay superposición de tenedores, y por otro lado, porque los riesgos de liquidez en el corto plazo están más asociados con la ley argentina. Resolver ambos frentes es necesario. Trabajar solamente con la ley extranjera no resuelve el problema".

Sea quien sea que asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre, la reestructuración de la deuda que despeje el fantasma del default, permita bajar el riesgo país y el costo del financiamiento es crucial para poder devolver a la economía a un sendero de crecimiento. 

En la oposición no hubo respuestas y voceros del FPV-PJ desmintieron cualquier negociación vigente y desconocieron que pueda tratarse en las próximas semanas, antes de la elección del 27 de octubre. Cuando Lacunza propuso avanzar en una reprogramación de la deuda, Alberto Fernández le pidió a los senadores del PJ planchar cualquier negociación y el proyecto nunca llegó. 

Sí hubo una negociación liderada por el cordobés Juan Schiaretti para incluir en una reprogramación la posibilidad que los gobernadores negocien con sus acreedores sus deudas locales, pero no llegó a prender en el Congreso. Finalmente, el proyecto fue enviado a Diputados y no hace mención a las deudas provinciales.