Un 20% de los gastos totales de la administración central de 2020 será en pagar intereses de la deuda pública, según el proyecto de presupuesto presentado por Hernán Lacunza en la Cámara de Diputados, que planea refinanciar 3.000 millones de dólares en vencimientos de organismos internacionales que no sean el FMI. 

El ministro de Hacienda confirmó que este año habrá una caída del 2,6% del PBI y una inflación del 53%, que bajará hasta 34% el año próximo pero será en promedio un 43% y no impedirá crecer un 1%. El dólar llegará a 75 pesos, con un promedio de 67 pesos.  

Estimó un superávit fiscal de hasta 1% del PBI y un aumento de la cuenta corriente de 0.4% ( USD 1.896 millones), "producto de la suba del tipo de cambio real multilateral desde mediados de este año, el impacto positivo sobre las exportaciones y el mayor crecimiento de los socios comerciales".

Las ventas al exterior crecerán un 7%, potenciadas por la mejora del intercambio comercial con Brasil, con un superávit previsto de 18 mil millones de dólares, un claro efecto de la devaulación si se tiene en cuenta que en 2017 hubo un déficit de 8 mil millones en moneda estadounidense. 

La relación con las industrias vecinas permitirán además que las importaciones crezcan 1.3%, pero la recesión no permitirá recuperar el consumo público, en caída libre desde que estalló la crisis financiera. 

Lacunza evitó explicar cómo pagará los abultados servicios de deuda: según el proyecto enviado al Congreso, la administración central gastará 6,086 billones de pesos (equivalentes a 90.835 millones de dólares al tipo de cambio proyectado para el 2020) y 1,04 billones (USD 15.522 millones) serán para cancelar intereses, un 3.5% del PBI. 

El costo de la deuda representará el doble que los servicios económicos (subsidios a los servicios públicos y fomento a la producción) y sólo es superado por el gasto social, de casi 4 billones, más del 70% del total.  Y teniendo en cuenta que más del 70% de los pasivos es en dólares, los intereses siempre puede elevarse si la devaluación es mayor a la estimada, como viene ocurriendo. 

"El costo de la deuda va a ser como mínimo un 20% de los gastos totales porque una parte del presupuesto siempre se va en las provincias. El año pasado era 16. Es una locura", se alarmó un diputado opositor que dará el debate en la Comisión de Presupuesto.  

Lacunza ni mencionó un programa financiero y el presupuesto proyecta un desembolso de 3.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y la refinanciación de los 3.000 millones de dólares en vencimientos de" otros organismos Internacionales", que no menciona.

Aclara que "durante 2020 no hay vencimientos de capital con el FMI" y considera que "la deuda soberana Argentina no presenta un problema de solvencia, especialmente si se mantiene el actual sendero de consolidación fiscal, y la percepción del mercado respecto a los riesgos de liquidez debería mejorar tan pronto como se resuelva el reperfilamiento de la deuda de mediano y largo plazo".

Se trata de la refinanciación de los vencimientos de deuda emitida por el Gobierno (Letes y Lecap) anunciada por Lacunza y que según la Oficina de Presupuesto (OPC), agregó un costo extra de casi 1500 millones de dólares. La negociación con los bonistas privados bajo legislación local nunca empezó porque Lacunza jamás envió el proyecto de ley prometido y la oposición se niega a discutirlo con él. 

"Los resultados en empleo e inflación de estos cuatro años fueron inferiores a los esperados", reconoció Lacunza en la presentación del presupuesto.  

Algunos informes calculan un desembolso de más de USD 23400 mil millones en los primeros meses de 2020 que ya son motivo de preocupación para Alberto Fernández, en caso de consagrarse el 27 de octubre.  

El diputado Marco Lavagna, uno de los invitados en el salón Delia Parodi del Palacio, calculó que sólo la reprogramación anunciada de Letes y Lecap, los títulos emitidos por el Gobierno, obligará a pagar más de 8 mil millones de dólares "y no sabemos de dónde van a salir". 

Lacunza se presentó acompañado de su secretario de Hacienda Rodrigo Pena, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y los jefes de las comisiones de Presupuesto del Congreso: el diputado Luciano Laspina y el senador Esteban Bullrich.

Consideró un honor presentar el presupuesto por primera vez y aunque asumió hace menos de un mes ensayó una autocrítica de la gestión económica de Macri:  Reconoció que "los resultados en empleo e inflación de estos cuatro años fueron inferiores a los esperados" y criticó el gradualismo del inicio del mandato de Macri, pero lo justificó en el contexto.

"Por la magnitud de los desequilibrios y las restricciones de carácter social y por las vicisitudes políticas, puede ser que el gradualismo no haya sido una elección sino una imposición de la realidad. Y lo tuvimos que financiar con deuda ante la ausencia de un mercado local".

Reivindicó el acuerdo con el FMI del año pasado en la necesidad de superar "un corte abrupto del financiamiento", pero no hizo mención al costo de los intereses que afrontará quien resulte electo presidente en sus últimos años de mandato, motivo de tensión con el organismo. Varias veces definió la deuda como el resultado del déficit fiscal. 

"En el tercer trimestre de este año se volverá a sobre cumplir la meta fiscal.  Esto ya nos permitió evitar necesidades de financiamiento por 15 mil millones de dólares", ejemplificó. 

Consideró que la presión tributaria aún es muy alta "pero bajó 3,2 puntos del PBI" y que las provincias se beneficiaron de mayores giros automáticos y consiguieron equilibrar sus cuentas, "incentivadas" por el consenso fiscal y la ley de responsabilidad sancionadas en 2017. 

Cerró pidiendo consensos básicos para discutir los presupuestos de los próximos años, como generar una "coalición exportadora" para "crear empleo privado" y que la deuda "tiene un límite". No precisó cual.