El grupo Prisa, empresa que edita el diario El País, podría quedar descabezado en los próximos días por un caso de corrupción que implica al presidente de su consejo de administración, Javier Monzón.

Prisa tiene una importante actividad en México, donde imprime su periódico desde hace años y cuenta con una amplia redacción que dirige toda la operación del medio en América Latina. También posee la editorial Santillana, que aporta la mayoría de ingresos del grupo con un enorme negocio de ventas públicas de libros de texto en este país.

El juez que investiga el caso Púnica en la Audiencia Nacional de Madrid ha citado a declarar al directivo como investigado por su papel en el desvío de fondos públicos al conservador Partido Popular (PP) a través de empresas afines.

La investigación de la macrocausa está en marcha desde 2014, pero ahora el instructor ha ampliado los señalamientos. Además de Monzón ha puesto el dedo sobre figuras centrales de la política en España, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas del PP y expresidentas de la Comunidad de Madrid, región que incluye a la capital del país y gestiona un presupuesto de unos 20.000 millones de euros anuales.

La lista de 43 imputados la completan altos funcionarios, cargos políticos y empresarios que desfilarán por los juzgados durante el mes de octubre.

Monzón lo hará el día 4 aunque es previsible que antes se decida su futuro como presidente de Prisa. Tras conocerse la noticia el grupo de medios emitió un breve comunicado en el que dice que su consejo de administración "aplicará lo previsto en su reglamento". Este reglamento contempla que "todo consejero debe informar a la sociedad (...) en caso de que sea llamado como investigado (en una causa penal)".

Su futuro lo van a decidir sus compañeros del staff directivo, donde tienen silla el CEO Manuel Mirat y los mexicanos Roberto Alcántara y Sonia Dulá. También el máximo accionista Joseph Oughourlian dueño del fondo Amber y enfrentado al actual presidente por el control de la compañía. Según fuentes cercanas al consejo citadas por El Español esta es una oportunidad única para que Oughourlian aparte del consejo a Monzón, a quien sostiene el banco Santander.

La salida de su presidente sería un golpe para Prisa, que en el primer semestre del año perdió 51,5 millones de euros, lastrado en parte por las menores ventas públicas de libros de texto en México y Brasil y que arrastra una deuda de 1.180 millones de euros.

También está en el aire el futuro de Monzón como presidente de Openbank, la filial digital del Santander (que podría aterrizar en México en un futuro cercano). La normativa interna de la entidad señala que los consejeros deben informar "cuanto antes" sobre circunstancias que puedan afectar a la reputación del banco "en particular las causas penales en las que aparezcan como imputados".

Monzón alcanzó la presidencia de Openbank en junio de 2018 y seis meses después la de Prisa, donde llegó como el hombre de Ana Botín a pesar de tener etiqueta de consejero independiente. El Santander tiene un 4,1 % de las acciones de Prisa y fue uno de los rescatistas del grupo de medios de comunicación en las últimas ampliaciones de capital que le salvaron de la quiebra.

La implicación del ejecutivo en el caso Púnica se remonta, sin embargo, a su época como presidente de otra compañía: la consultora Indra (1992-2015) que también tiene oficina en México y se ha interesado en participar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, proyecto clave de la administración de López Obrador.

En la época en la que Monzón estaba al frente, Indra colaboró en "aliviar las penalidades financieras" del Partido Popular tras las elecciones de 2011, según el informe de la Guardia Civil que ha desencadenado la imputación tanto del expresidente como de la compañía como persona jurídica (moral). Los investigadores sospechan que Indra se hizo cargo de deudas del PP con empresas vinculadas a su campaña electoral por valor de, al menos, 700.000 euros.

Después de 5 años de investigaciones y 71 implicados en total la instrucción del caso ya tiene fecha límite y debe concluir en junio de 2020 para dar paso al inicio del juicio de una de las mayores causas por corrupción en España.