La oposición presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto consensuado para declarar la emergencia alimentaria en Argentina, que intentarán tratar el jueves en una sesión especial, según informaron este lunes voceros de todas las bancadas. 

Como explicó LPO, el Movimiento Evita presionó desde para aprobar una ley, aprovechando que Cambiemos es minoría en el recinto y así lo anticiparon cuando recibieron a organizaciones sociales el último jueves, mientras acampaban en la avenida 9 de junio. 

Pero en el kirchnerismo eran más cautos y esperaban que el Gobierno reaccione con un decreto y evite abrir el Congreso en plena campaña, que incomoda a Macri pero tal vez mucho más a Alberto Fernández y Axel Kicillof, con silencio estratégico hasta el 27 de octubre.  

Por el contrario, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley recibió a la cúpula de la CGT, prometió negociar una tarjeta alimentaria para desocupados y reiteró que la ley de emergencia es competencia del Congreso. Agustín Rossi, jefe del bloque FpV-PJ ya había negociado un texto el fin de semana y lo presentaron a última hora del día. 

El proyecto consensuado por la oposición, que deberá ser aprobado en comisión antes de llegar al recinto, extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la declaración de emergencia alimentaria declarada a comienzos de 2002 por el presidente interino Eduardo Duhalde.

La emergencia alimentaria habilita al jefe de Gabinete del próximo Gobierno a remover partidas para aumentar al ayuda alimentaria. Y pide un control de la Sigen. 

Se trata de un instrumento que permite mover partidas para un fin específico y en este caso proponen aumentar "como mínimo" un 50% "las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Y se habilita al jefe de Gabinete desde el 1 de enero de 2020 a actualizar esas partidas trimestralmente tomando como base el índice de precios al consumidor y la variación de la canasta básica medida por el Indec. Una forma de  despejar la presión al Congreso durante el próximo período presidencial. 

Exigen que la actualización de partidas no pueda hacerse en desmedro de otras partidas destinadas a servicios sociales, el gasto más grande de cada presupuesto. Y delega en la Sindicatura General de la Nación (Sigen) el control de las asignaciones presupuestarias.

El proyecto tiene las firmas de la mayoría de los referentes de la oposición como el kirchnerismo (Agustín Rossi y Carlos Castagnetto) Movimiento Evita (Leoandro Grosso) y sus socios de Red Argentina (Felipe Solá, Victoria Donda y Daniel Arroyo), el Frente Renovador (Carla Pitiot), Argentina Federal (Carolina Moises y Juan José Bahillo) ylos puntanos de Unidad Justicialista (Ivana Bianchi). 

Si se suma la izquierda y los partidos provinciales, no deberían tener problemas en reunir la mayoría del recinto y aprobar la ley, que Macri ya hizo saber que no vetará, porque en tal caso sólo afectaría sus finanzas si logra ser reelecto en octubre, un escenario que no vislumbra ninguna encuesta.