La denuncia de un abonado a quien un empleado de la Empresa Provincial de la Energía le había ofrecido una conexión ilegal a la red a través de un bypass del medidor fue el hilo del cual el presidente de la compañía, Maximiliano Neri, comenzó a tirar y permitió desovillar el aceitado mecanismo que operaba en el corazón de la EPE.

Jefes de área, trabajadores de cuadrillas, ex empleados y electricistas integraban la banda que hacía conexiones ilegales a la red energética de domicilios particulares y comercios para luego pasar a cobrar mensualmente un abono por la diferencia ahorrada por el usuario.

A partir de esa denuncia, autoridades de la empresa acudieron a la justicia y comenzó una exhaustiva investigación a cargo de la fiscal Valeria Haurigot y la Policía de Brigada Operacional de Tribunales URII. Durante siete meses se hicieron escuchas telefónicas, seguimientos y filmaciones de los diez imputados por asociación ilícita y estafa agravada contra la administración pública.

Ex empleados integraban la banda que hacía conexiones ilegales a la red energética de domicilios particulares y comercios

Además, de los más de treinta procedimientos en distintas zonas de Rosario 28 dieron resultados positivos de los cuales muchos son supermercados chinos, clientes particulares y algunos negocios muy reconocidos como el bar Club Milano, a metros de los Tribunales provinciales, según consta en el expediente.

Mientras Víctor C., ex empleado de la EPE, conseguía los clientes, los atendía si había cortes de luz o problemas internos (que eran solucionados por electricistas de la banda) y todos los meses pasaba a cobrar los servicios, Néstor E y Gabriel R eran los contactos dentro de la empresa. En estos tres integrantes recaen las acusaciones más graves como organizadores que podrían ser condenados con penas de cinco a 50 años según indicaron fuentes judiciales a LPO.

Como muchas de las conexiones ilegales se desviaban desde la red subterránea cuya manipulación requiere de mucha precaución, las maniobras contaban con Osvaldo G., Jefe de Unidad y el encargado de distribuir las cuadrillas que operaban esta red y los trabajos en las zonas donde había clientes de la banda eran derivados a la cuadrilla de Adriano C que actuaba en connivencia.

Ahora, la fiscalía continúa con el peritaje de los teléfonos celulares de los acusados y avanza en la imputación de los 28 titulares que contrataron sus servicios mientras que una empresa de tecnología de Buenos Aires será la encargada de analizar los medidores secuestrados que en algunos casos fueron adulterados desde las computadoras de la EPE.

La investigación también dejó en evidencia la necesidad de profundizar los mecanismos de controles y seguimiento del personal de la Empresa Provincial de la Energía. Como las guardias y trabajos de emergencia requieren horas extras, se investiga si algunas de estas fueron abonadas para los trabajos particulares de la banda.

Robo de cables

A mediados del año pasado, cuando se realizaban importantes obras para la puesta en funcionamiento de la nueva Estación Transformadora Sur (que son las que alimentan a las subestaciones y de allí a los particulares) se detectó el faltante de 4.300 metros de cables de cobre que en ese entonces ascendía a más de un millón y medio de pesos el precio en chatarrería.

La sustracción se produjo cuando esos cables iban a ser reemplazados por otros nuevos, de tecnología moderna y acorde a las nuevas normas de seguridad en el nuevo centro de distribución.

Los cables que se retiraban debían dejarse en los almacenes, a menos de cien metros del lugar de extracción pero nunca llegaron. La contratista que debía bobinarlos y trasladarlos cuando los fue a buscar no los encontró.

Al ser advertido, el presidente de la EPE, Maximiliano Neri, hizo la denuncia que recayó en la fiscalía a cargo de Valeria Haurigot quien imputó a cuatro trabajadores, entre ellos, el ingeniero a cargo de la obra por encubrimiento al no haber denunciado el faltante.

Los otros tres imputados pertenecen al área de red subterránea. Uno de ellos, David M que fue imputado esta semana, tenía una activa participación dentro del sindicato de Luz y Fuerza mientras que Adriano C. es uno de los operarios cuyo nombre se repite en la causa de la EPE Paralela.

El robo compromete a la Guardia Técnica de Operativo Móvil -GTOM- quienes son los encargados de operar los transformadores y cables de alta tensión y podrían afrontar condenas de hasta 28 años.