La semana pasada el Congreso local de Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos donde se encuentran Tijuana y Ensenada, aprobó modificar la ley para extender el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años. Bonilla, miembro de Morena, el partido del presidente López Obrador, consiguió su extensión de mandato gracias a la colaboración de los legisladores locales del PAN, partido centroderechista que representa la principal oposición a la administración de AMLO. El complejo entramado político fue tejido con el apoyo de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, pero resulta difícil imaginar que se hubiera logrado sin la anuencia del actual gobernador del estado Kiko Vega, del PAN, y el presidente nacional del partido Marko Cortés.

En 2014 el Congreso local decidió que habría un mini periodo de dos años únicamente para el próximo gobernador. La intención es que las elecciones del estado coincidan con las legislativas de medio término a nivel nacional. El gobernador elegido en 2021, y los subsecuentes, tendrían un periodo normal de cinco años.

El gobernador saliente Vega ya anunció que no será él quien publique la ley en el Diario Oficial del Estado, proceso mediante el cual una ley entra en vigor. Tendrá que ser el Congreso local el que ordene la ratificación. En caso de que ocurra, el PAN y por lo menos dos municipios locales ya dijeron que recurrirían a la Suprema Corte para intentar dar atrás con la reforma. Para añadir confusión al asunto, el presidente de la Cámara de Diputados, el también morenista Porfirio Muñoz Ledo, condenó la extensión de mandato de su compañero de partido y advirtió que el Congreso de la Nación podría recurrir a la suspensión de poderes en el Estado o a la Justicia. Todas las rutas terminan en la Suprema Corte.

La trama en Baja California, sin embargo, reavivó un temor añejo en México: la reelección presidencial. Intelectuales, analistas, periodistas y políticos de la oposición de inmediato alertaron que la llamada Ley Bonilla podría ser un preámbulo de lo que Andrés Manuel López Obrador podría hacer en el futuro: reformar la Constitución y perpetuarse en el poder al estilo de Hugo Chávez. En las elecciones de 2006, 2012 y hasta las de 2018, los partidos de oposición usaron este temor para convencer a los ciudadanos de no votar por López Obrador.

La Constitución actual de México fue aprobada en 1917 durante la brutal guerra de Revolución. En 1910 diversas facciones se levantaron contra el gobierno de Porfirio Díaz, el último dictador mexicano, quien se mantuvo en el poder durante 30 años hasta que fue derrocado y exiliado a Francia. Aún hoy, sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, a miles de kilómetros de la nación a la que dio forma.

Uno de los frutos de la Revolución Mexicana fue la prohibición de la reelección. El grito del revolucionario norteño Francisco I. Madero se convirtió en el mantra del México postrevolucionario: "Sufragio efectivo, no reelección". A lo largo de 70 años el PRI gobernó el país con la máscara de la democracia, y en todos los memorandos oficiales aparecía la máxima maderista. Funesto recordatorio de que las dictaduras pueden también ser institucionales.

AMLO rápidamente salió a decir que él no tenía nada que ver con la movida política de Bonilla, Morena y el PAN en Baja California. "Si me hubiesen consultado, como era antes [en otras presidencias] y hubiese yo autorizado, como era antes, que se pusieran de acuerdo legisladores y aprobaran esa reforma... ¿Cómo estaría hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad", dijo el presidente durante una de sus conferencias de prensa diarias.

Resulta igual de difícil de creer que la presidenta del partido del presidente y uno de sus amigos más cercanos, el gobernador electo Bonilla, hubieran operado un movimiento de tal magnitud e impacto sin que AMLO lo supiera.

El mismo día que se aprobó en el Congreso de Baja California, el historiador y quizá el intelectual mexicano más influyente, Enrique Krauze, quien hace años bautizó a AMLO como "el mesías tropical", salió a proponer la creación de un "Frente Nacional Antirreeleccionista".

"Cuauhtémoc Cárdenas puede encabezarlo. Muchos lo seguiríamos", dijo el director de la revista Letras Libres, quien con frecuencia colabora con op-eds para el New York Times. Cuauhtémoc es hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, y fue candidato presidencial en 1988, 1994, y 2000. Desde hace décadas es una especie de líder moral de la izquierda mexicana.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien antes fue jueza de la Suprema Corte de Justicia, también se unió a las críticas contra la reforma en el estado norteño. "En mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional", dijo la secretaria.

"En mi opinión. Pero yo como secretaria de Gobernación, tengo que ser absolutamente respetuosa del congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte", aclaró la oficial, quien es la segunda en la línea de sucesión presidencial.

Ante los embates de opositores, columnistas y hasta miembros de su gabinete, el presidente cambió el tono. En otra conferencia, AMLO dijo que "Independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo Gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN, entonces ahora en un doble discurso con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo no incluye solo al PAN, tiene como doctrina la hipocresía", dijo el miércoles el mandatario.

Agregó: "Se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión, porque si hubiese sido la organización que nos apoya [el partido Morena], a la que pertenecemos, pues entonces sí imagínense", dijo.

Un día después, López Obrador intentó calmar las aguas. Durante su conferencia matutina diaria, el presidente firmó un documento ante notario en el que prometió no reelegirse una vez que termine su periodo de seis años frente al gobierno.

"Hoy vamos a tratar ni compromiso de sufragio efectivo no reelección", dijo citando la legendaria máxima revolucionaria. "Voy a agregar otro compromiso para que se serenen los conservadores, es además no reelección y no corrupción", agregó. Está por verse si las promesas del presidente son suficiente garantía ante sus críticos.