La legislatura porteña aceptó el traspaso de los servicios eléctrico a la Ciudad, una de las exigencias que los gobernadores peronistas le plantearon a Macri el año pasado para aprobar el presupuesto nacional. La transferencia le costará aproximadamente mil millones de pesos a la arcas porteñas.
En los hechos, se trató de un "visto bueno" del parlamento capitalino al acuerdo tripartito que firmaron Nación, la Provincia y la Ciudad en febrero pasado. Por la mayoría acompañaron a Vamos Juntos sus aliados de Evolución, el Partido Socialista y el Gen. Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y los cinco diputados de izquierda se opusieron. El resultado fue de 41 votos positivos contra 17 negativos.
La Ciudad compartirá con la Provincia " el ejercicio jurisdiccional conjunto de la distribución del servicio de energía eléctrica en el Área Metropolitana".
Las críticas de la oposición estuvieron centradas en la condonación de la deuda a las empresas eléctricas y a las desventajas que podría tener el convenio para el estado capitalino y para los consumidores. Varios legisladores destacaron que el funcionario encargado de firmar el acuerdo en representación de la ciudad es un ex gerente de Edenor y Edesur.
Claudio Romero, de Vamos Juntos, saludó que "los ciudadanos metropolitanos" tengan por primera vez "un Ente Regulador de la distribución del servicio público de energía eléctrica propio de la jurisdicción a la que pertenecen" y aseguró que se mantendrían las tarifas sociales para los usuarios que hoy las tienen. Su compañero de bloque, Diego Marías, aseguró que la transferencia se trata de "un hito" para la Ciudad
Para la kirchnerista Paula Penacca de trata de "una estafa" a los usuarios y al estado. "Tenemos que exigir un servicio adecuado y tarifas abordables", señaló. Gabriel Solano, del PO, cuestionó que el proyecto fuera a ampliar la autonomía de la Ciudad: "cuando hablan de autonomía hay que agarrarse el bolsillo", bromeó.
El peronista Santiago Roberto afirmó que el traspaso "convalida tácitamente una condonación de deuda millonaria a las empresas, en perjuicio del Estado y de los usuarios, que no representa una mejora del servicio".
Un préstamo para el nuevo edificio de Hacienda en la ex cárcel de Caseros
Como anticipó LPO la Legislatura avanzó con un proyecto que permite contraer empréstitos públicos por hasta 72 millones de dólares para construir la nueva sede del Ministerio de Hacienda en la ex Cárcel de Caseros.
Según pudo saber LPO el comienzo de las obras está previsto para septiembre próximo y la mudanza para último trimestre 2021. El proyecto tuvo el visto bueno de la Comisión de presupuesto que conduce la macrista Paula Villalba.
