La Corte Suprema envió este miércoles un fuerte mensaje político al ordenarle a los jueces que limiten las escuchas judiciales para evitar el descontrol que salió a la luz en los últimos meses con la difusión de diálogos de ex funcionarios detenidos con sus abogados y allegados. Al mismo tiempo, pidió al Congreso que investigue si la Agencia Federal de Inteligencia realiza espionaje ilegal.

En una acordada firmada por sus cinco miembros, el máximo tribunal le recordó a los magistrados que las intervenciones telefónicas son medidas de "carácter excepcional" y les pidió que sólo dispongan escuchas "con criterio restrictivo". "La orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos. No podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos", indica el texto.

"Queda claro que, por expreso mandato constitucional, las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada", sostuvo.  

Se trata de una respuesta a una práctica que se extendió en el Poder Judicial con jueces que disponen escuchas por tiempo indefinido, aunque sin cumplir con la obligación de eliminar las grabaciones que no se corresponden al objetivo concreto de la investigación. 

Esto derivó en casos como el conocido como "operación puf" donde se utilizaron escuchas ordenadas por un juez a un detenido en un caso de narcotráfico, pero se terminó escuchando a otros presos del penal de Ezeiza como los ex funcionarios kirchneristas. Esas grabaciones debieron ser destruidas.

"La interceptación y captación son medidas esencialmente provisionales. La intervención de comunicaciones se ordenará por un plazo razonable determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado", impone la acordada.

Al respecto, la Corte también le recordó a los jueces que "la "interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio", en referencia a que varias de esas grabaciones eran entre detenidos y sus abogados. 

"La obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente 'preventivos', la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública", completa la Corte.

La acordada también establece un pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación para a que "en ejercicio de sus competencias constitucionales, formule un diagnóstico exhaustivo respecto del grado de aplicación de los criterios restrictivos en materia de interceptación de comunicaciones en el marco de las investigaciones penales".

Asimismo, solicita a la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso que investigue si la AFI "realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales". Y le pide a los jueces penales que restrinjan los pedidos de colaboración a la ex Side.

Este último párrafo parece una reacción ante el escándalo de espionaje derivado de la detención del falso abogado Marcelo D'Alessio, que a través de sus vínculos con funcionarios judiciales elaboró una red de extorsión.

Por último, la Corte solicitó al Congreso el pronto tratamiento del proyecto de ley destinado a "regular la cadena de custodia de las interceptaciones".