El Ministerio de Hacienda informó este viernes que llegó a un acuerdo con Edenor y Edesur por las deudas cruzadas con el Estado nacional y así avanzó con el traspaso de jurisdicción de las distribuidoras a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

Según detalló el comunicado oficial, el acuerdo finalmente no tendrá costos para el Estado nacional. Por el contrario, Edenor y Edesur deberán realizar obras para mejorar el servicio por $7.000 millones.

El Estado nacional tenía deudas con las distribuidoras acumuladas "mayoritariamente entre los años 2006 y 2015", precisó el informe. En tanto, las empresas por multas y otras obligaciones tenían pendiente un saldo mayor. Una vez llegado a un acuerdo entre las partes, en la misma acta de acuerdo "la Provincia y la Ciudad asumen los derechos y obligaciones de los contratos de concesión, ad referendum de la aprobación por parte de la legislatura de la Ciudad y la publicación de un decreto por parte del ejecutivo provincial".

Para el control de las distribuidoras, hasta ahora supervisadas por el ENRE, la Ciudad y la Provincia acordaron la creación de un nuevo organismo de control que se llamará Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), cuyas autoridades serán designadas una vez que el traspaso esté refrendado en ambas jurisdicciones.

Hasta tanto, "el ENRE continuará sus funciones de control del transporte de energía eléctrica y de agentes del mercado; y cederá el personal dedicado al seguimiento de la distribución al nuevo ente, por lo que habrá continuidad de los puestos de trabajo", aseguraron.

"El traspaso no tendrá costos para el Estado nacional ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante CAMMESA, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $3.858 millones al Estado Nacional", detalló el reporte. Por su parte, las compañías se comprometen a realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora de la seguridad y confiabilidad del servicio por $3.000 millones en el caso de Edenor y $4.000 millones en el caso de Edesur.

"Estas inversiones, que son adicionales a las acordadas en la Reforma Tarifaria Integral (RTI) y tendrán que realizarse en un plazo de cinco años, serán supervisadas por el nuevo ente regulador", recordaron desde Hacienda.