La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y un grupo de diputados nacionales de la oposición expresaron su preocupación por el fallo judicial que amenaza la continuidad del diario Popular.

Los legisladores Agustín Rossi, Fernando Espinoza, Leopoldo Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Felipe Solá y Vanesa Siley presentaron un proyecto que señala con el que buscan que la Cámara de Diputados declare "su más enérgica preocupación por el posible cierre de Diario Popular producto de un inminente fallo judicial, denunciado como abusivo y confiscatorio por diferentes entidades periodísticas del país y del continente". 

El texto indica, además, que la Cámara baja "manifiesta su disposición a intervenir, en el límite de su competencia, para evitar el cierre del matutino y (asegurar) la continuidad del mismo en resguardo no solo de las fuentes de trabajo sino del sistema democrático". 

Un fallo podría desencadenar el cierre del histórico Diario Popular, situación que fue advertida por Adepa y también por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reciente reunión en Colombia, entre otras entidades. 

Un fallo judicial podría causar el cierre de Diario Popular

Justamente, Adepa reiteró este miércoles "su grave preocupación ante el riesgo de que por una medida judicial excesiva se ponga en riesgo la subsistencia y continuidad" de Popular. "El caso implica la amenaza cierta e inminente de un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio" de Impreba, la empresa que edita el diario.

La situación se remonta al año 2011, cuando un abogado demandó al diario por la determinación de honorarios profesionales tras un acuerdo de permuta de acciones celebrado por Impreba en 2009. Pese a que el reclamo original ascendía al equivalente a 116 mil dólares, el fallo de primera instancia tomó como base para regular honorarios el valor de Impreba, que se estimó en más de 57,5 millones de dólares, muy por encima de su valor real. 

En base a ello, se dispusieron honorarios por 1.866.931 dólares actualizados por la tasa activa del Banco Nación. La Sala J de la Cámara Civil, en tanto, confirmó el monto de la condena y para la actualización estableció la tasa pasiva en lugar de la activa. Estos índices de actualización se utilizan para montos expresados en pesos, no en dólares.

El abogado reclamante practicó una liquidación en dólares y aplicó la tasa que se usa para actualizar deudas en pesos, pretendiendo de esta forma la cifra de casi 6 millones de dólares. Además, solicitó que se traben embargos sobre las cuentas bancarias de la editora de Diario Popular.

Un nuevo fallo de primera instancia hizo lugar a la solicitud de no efectivizar los embargos, dispuso que la deuda debía transformarse en pesos y a partir de allí actualizarse el monto aplicando la tasa mencionada. En la actualidad el caso volvió a la Cámara, que ahora deberá decidir si convalida o no esa decisión.