La Cámara Federal de Casación Penal revocó el pedido de prisión preventiva contra la diputada radical AÃda Ayala solicitado por la justicia chaqueña, en la causa que la investiga por lavado de dinero cuando era intendenta de Resistencia y fue utilizada por el kirchnerismo para exigir la liberación de Julio De Vido.
Significó un éxito de su abogado defensor, Ricardo Gil Lavedra, a cargo de proteger los intereses de la UCR en Tribunales y quien, como anticipó LPO, apostó al Tribunal presidido por Gustavo Hornos para garantizar la libertad de la diputada durante el proceso penal.
Ayala se los anticipó por carta a sus compañeros de Cambiemos para que cierren la Comisión de Asuntos Constitucionales y no traten su pedido de desafuero mientras no llegue una buena noticia judicial.
El 26 de diciembre, Hornos y sus pares Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo habÃan anulado la prisión preventiva para exigirle revisar el fallo a la Cámara chaqueña, que 13 dÃas después volvió a pedir prisión para la diputada radical.
En la última sesión de Diputados de 2018, el jefe del kirchnerismo AgustÃn Rossi habÃa anticipado que no aprobarÃa el desafuero de Ayala si se trataba en el recinto, pero le pidió al oficialismo aprobar su proyecto para liberar a Julio De Vido porque las causas que derivaron en su prisión preventiva aún no tienen sentencia firme.
Ningún oficialista respondió y esta tarde Ayala celebró el fallo de Casación que garantizó su libertad. "Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar, todo el pueblo puede participar, se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber que no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno", sostuvo.
Gil Lavedra hace un último intento en Casación para que Ayala no vaya presa
De inmediato, Gil Lavedra puso manos a la obra y recusó a la jueza de Resistencia, Zunilda Niremperger, que instruyó la causa y solicitó la detención de Ayala avalada luego en diferentes instancias de la justicia chaqueña.
La acusó de actuar de un modo arbitrario e imparcial, "violatorios de las normas procesales del Código Procesal", por tener una relación cercana a uno de los imputados, el empresario Alejandro Fischer.
La investigación se inició en 2014 por presunta administración fraudulenta en la contratación de la empresa Pimp SA por 500 millones de pesos para la recolección de residuos, sólo un año antes de abandonar su gestión. En 2015 fue sustituida por Jorge Capitanich, hasta entonces gobernador de Chaco y uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner. No tardó en investigarla.
