El fallo de la Corte Suprema que ordenó a Mauricio Macri a pagarle $15 mil millones a la provincia de San Luis motivó nuevos reproches cruzados entre José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, dos de los principales operadores judiciales del Gobierno.

En el Ejecutivo se quejaban de que el déficit cero que exige el FMI se va a complicar con fallos como el de este martes, que insta al Estado a devolver una suma multimillonaria al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por haber incumplido un fallo de 2015 respecto a descuentos indebidos de coparticipación. En el ala económica del Gobierno recuerdan que este fallo podría sumarse uno similar a favor de la provincia de Santa Fe y se añade el que en noviembre pasado firmó la Corte para devolverle fondos de coparticipación a La Pampa.

La mesa judicial, que además de Pepín y Torello integra el ministro de Justicia, Germán Garavano, quedó en jaque: en algunos sectores del Gobierno se preguntan para qué tienen una mesa judicial y un ministro de Justicia si no es para evitar o al menos amortiguar este tipo de fallos del máximo órgano judicial.

Pepín es el principal apuntado por la relación de fuerzas que "consiguió" en la Corte. "Al final nos quedamos con una minoría absoluta", protestaron ante LPO fuentes del Gobierno en relación a la soledad en la que quedó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, el protegido de Pepín.

En un principio Pepín se había atribuido el éxito de colocar a los dos nuevos jueces que se nombraron durante el macrismo:  Rozenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes por su impulso había querido ungir por decreto.

Con el tiempo comenzó a recibir cuestionamientos internos por esos dos mismos jueces. Por un lado, no anticipó que Rosatti no jugaría para la Rosada sino todo lo contrario. Y en cuanto a Rosenkrantz, a Pepín le cuestionan que su protegido padece el karma del "abogado exitoso".

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Como desde su buffet de abogados tuvo importantísimos clientes, como Farmacity, Rosenkrantz debe excusarse en la mayoría de los casos. Justamente debió apartarse del fallo sobre coparticipación porque patrocinó a la provincia de Santa Fe en esta pelea.

Las críticas a Torello, en tanto, provienen desde dentro del Gobierno y desde la Corte. En el Ejecutivo sospechan que celebra los tropezones de su enemigo Pepín. Y en la Corte, que se junta con frecuencia con periodistas para filtrar que los fallos adversos son una obra maquiavélica de la "tríada peronista" que supuestamente integran Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -quien coqueteó con ser candidato por la UCR-.

Pese a lo que dice en los off, en la mesa judicial saben que el amigo de Macri desde las épocas del Newman no opera en la Corte. En el gabinete recuerdan que de manera inconsulta filtró durante su veraneo en Punta del Este que Macri ganará en primera vuelta. "Que se anime a decirlo en Florencio Varela", dijo a LPO un ministro.

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A Pepín, Torello y Garavano los acusan de trabajar poco en los fallos del Máximo Tribunal. En la Corte trazan un paralelismo entre el abordaje judicial que hace el Ejecutivo con la primera etapa de su equipo económico, en la que había un exceso de interlocutores pero ninguno tenía la manija de la economía.

Pese a ser el ministro del área, Garavano se corrió de esa labor para quedar afuera de la guerra entre Pepín y Torello. Por eso hace tiempo que ni siquiera aparece por el cuarto piso de Tribunales.

Rodríguez Saá hizo todo lo contrario: ordenó al fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, a que se instalara en la Corte hasta que saliera el fallo. Allende llenó de documentación a los ministros y permaneció días enteros en los pasillos de Tribunales. Por eso el fallo de San Luis salió y el de Santa Fe debió esperar precisamente por falta de papeleo.

Lo que preocupa a la mesa judicial es que la Corte no se va a detener. Rosatti les sugirió a sus colegas que, en medio de la crisis en la opinión pública que padece la Justicia, la Corte debía marcar la agenda con sus fallos. La semana que viene el Máximo Tribunal publicará el cronograma de fallos para este año electoral.