Marcos Peña lo hizo otra vez: el 25 de enero, antes de irse de vacaciones, firmó una resolución para obligar a las empresas de telecomunicaciones a compartir su infraestructura pasiva, un artículo de un proyecto de ley aprobado en el Senado y frenado en la Cámara baja.

La medida hizo estallar al bloque de senadores del PJ, que había avalado la socialización de ductos y postes para el tendido de fibra óptica pero con protecciones a las pequeñas empresas no tenidas en cuenta por el jefe de Gabinete.

"No respetan la propuesta superadora que debatió el Senado y que ahora está en Diputados. Esta resolución es un ‘copio y pego' del proyecto que envió el Ejecutivo y que fue modificado con amplia participación de los cableros del interior, la televisión abierta y los que prestan servicios de TICs y las organizaciones intermedias del sector", protestó Alfredo Luenzo, senador del PJ y presidente de la Comisión de Comunicaciones.

Una resolución de Peña obliga a las empresas de telecomunicaciones a compartir infraestructura pasiva. Una ley lo permitía pero protegía a las cooperativas y no fue aprobada. 

Como ya es habitual cada enero, el Gobierno buscó un recurso para contar con herramientas que no consiguió  por ley y en este caso ni siquiera fue un decreto, sino una resolución de la jefatura de Gabinete, acompañada de una reglamentación, que le concede poderes especiales a la Enacom para dirimir en cualquier conflicto.

La ley corta de telecomunicaciones, cómo se denomino, fue enviada en abril por Macri con el objetivo de habilitar a Telefónica y Claro a brindar televisión satelital y armar el escenario para la competencia de cuádruple play. El otro jugador de peso es la fusión Cablevisión-Telecom. 

El proyecto se trabó en noviembre en diputados, porque los representantes de los gobernadores pensionistas exigieron un plazo mayor para que las grandes empresas presten servicios integrados en ciudades chicas y pidieron frecuencias para las empresas provinciales.  

Luenzo había liderado los debates del Senado en el primer semestre y por presión de las pequeñas cooperativas y los senadores de La Pampa, donde funciona un servicio local de Tic, se establecieron límites a la sesión de infraestructura pasiva, que ahora se excluyeron en una disposición ejecutiva.

"De la forma cómo lo están fijando, tendremos muchos casos en donde una pyme del interior o una cooperativa que hizo el esfuerzo para invertir y llegar a un pueblo de su provincia, que llevó el cableado y los postes a una zona de difícil acceso, se vea obligado a cederle todo ese esfuerzo a uno de los grandes jugadores de las telecomunicaciones sin que este otro tenga que invertir un solo peso en la provincia", se quejó Luenzo.

No fue la única medida tomada en un escritorio de la Casa Rosada para suplantar la ley archivada. Uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia de Macri fue para autorizar la licitación de frecuencias de Arsat, otro de los artículos de la ley fallida que al parecer no está en carpeta volver a discutir, motivo de una dura disputa de las telefónicas. 

Con estos decretos, parece lejana la posibilidad de un proyecto integral para regular las telecomunicaciones, prometida por Macri en la apertura de sesiones ordinarias de hace un año. Ni siquiera consiguió acuerdo para sancionar una ley de 13 artículos, que ahora quiere implementar con decretos y resoluciones.