Mauricio Macri evalúa firmar un voluminoso decreto de necesidad y urgencia (DNU) con las más variadas disposiciones de diferentes áreas de Gobierno, que le permita evitar el Congreso y mantenerlo cerrado hasta marzo como anunciaron Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

No es una modalidad nueva: el 10 de enero de 2018 firmó un DNU similar, pero el peronismo dialoguista lo obligó a eliminarlo y reemplazarlo por tres leyes que copiaron la mayor parte de su contenido, pero no todo. Se excluyeron algunos artículos polémicos, como la posibilidad de embargar las cuentas sueldo.

Ni bien Macri retornó de sus vacaciones en Villa La Angostura, técnicos de la secretaría de Modernización de la Jefatura de Gabinete y la secretaría Legal y Técnica volvieron a solicitarle a ministros y secretarios un listado de medidas que "simplifiquen" o "desburocraticen" la gestión, para sumarlas a otras pedidas con el mismo fin por el propio presidente.

El resultado parcial, por ahora, es un documento de Excel, al que accedió LPO, con un centenar de decisiones que aún deben pasar un último filtro antes de convertirse en un mega DNU, decretos simples o resoluciones, que se publicarían la semana próxima entre el Boletín Oficial. 

La diferencia es crucial: un DNU es la única vía para modificar una ley desde un escritorio, cobra vigencia ni bien se publica pero luego se envía al Congreso, que puede eliminarlo por mayoría simple. Si la oposición se une Cambiemos no tiene más opción que negociar,  pero Macri prefiere arriesgarse a tener que dar marcha atrás, como ya hizo varias veces, antes que propiciar debates parlamentarios en un año electoral.

Macri insiste en habilitar el embargo de las cuentas sueldo, pero sus asesores por ahora prefieren evitar un choque con la oposición. También está en estudio eliminar la obligación de bancarizar pagos de más de 1000 pesos.  

Por si acaso, una ventana del archivo separa las "Prioridades de MM", o sea, medidas que deben quedar vigentes como sea, muchas para facilitar la venta online como la modificación del Código Aduanero con un único registro exportador y límites tributarios al comercio puerta a puerta. Con el mismo objetivo, el ministerio de Producción y Trabajo promueve ampliar las funciones de los puestos de diarios y revistas para que puedan recibir paquetes de encomiendas.

El texto está a cargo de María Carballo, directora de Simplificación Normativa de la cartera conducida por Dante Sica, que tiene otras tres disposiciones en la lista de urgencias: incluir a las pymes como sujeto de multa en la ley de defensa al consumidor, brindar apoyo a los emprendedores de Plataformas de Financiamiento Colectivo (PFC) y no sólo de Sociedades Anónimas; y sumar asistencia letrada en el Servicio de conciliación laboral obligatoria (Seclo), encargado de dirimir los conflictos laborales, que Macri intenta reducir a casi cero. 

Por si le hiciera falta, Marcos Peña redacta varias modificaciones a la ley de procedimiento administrativo para sumar poder sobre el Gabinete. Le propuso a Macri crear una "Fiscalización integrada", que lo autorice a labrar actas de infracción basadas en fiscalizaciones de otros organismos. Una especie de máximo tribunal interno.

También plantea retocar el régimen sancionatorio, automatizar trámites administrativos y crear un "servicio jurídico permanente". Germán Garavano pretende implementar un arbitraje online y solicitar que la Inspección General de Justicia (IGJ) elimine la certificación de escribanos. No la cree necesaria. 

El documento selecciona una serie de ideas que aún deben pulir para que la oposición no ponga el grito en el cielo y la primera en la lista es, otra vez, la posibilidad de embargar sueldos "para mejor el acceso al crédito". Macri no se rinde tan fácil.

Otra de sus obsesiones es modificar el artículo 2072 del Código Civil y Comercial que les pide a los compradores de una vivienda prehorizontal otorgar un "poder irrevocable" al ente que financia la obra. Para los asesores presidenciales, es una forma de reducir la competencia.

En carpeta también está borrar la obligación de pagar montos superiores a 1000 pesos por transferencias bancarias para evitar la evasión fiscal, implementada por Fernando De la Rúa en otras épocas de déficit cero. "En general es una normativa que no se cumple", justifican en la Rosada. Más polémica ocasionaría la derogación del artículo 12 de la ley 14.499 para que las empresas puedan acceder a créditos aún si registran deudas previsionales. Está en estudio.