Por segundo año consecutivo, Febrero pasará con los recintos del Congreso cerrados porque Mauricio Macri no llamará a sesiones extraordinarias como había prometido antes de irse de vacaciones a Villa La Angostura.

Este mediodía, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó comunicaron a Miguel Pichetto y varios miembros de la bancada que no habrá leyes para tratar antes del 1 de marzo, cuando el presidente abra el período ordinario. 

Monzó fue el principal promotor de mantener el Congreso bajo llave en el varano, porque pese a la buena voluntad de Macri y Marcos Peña, la oposición no estaba dócil para consensuar las dos leyes que no llegaron a aprobarse en diciembre: la regulación del financiamiento de partidos políticos y el aumento de los penas por violencia del fútbol. Volverán a negociar desde marzo.

El primer proyecto tiene dictamen en el Senado, por gestión de Pichetto y Dalmacio Mera con la oposición, pero hay muchos peronistas que gobiernan sus provincias y no están muy interesados en bancarizar los gastos y habilitar aportes privados para la oposición.

La lista de rebeldes la lideran el formoseño José Mayans, el chubutense Mario País y la catamarqueña Inés Blas, ninguno de ellos invitado al despacho de Frigerio. Asistieron Rodolfo Urtubey, Carlos Espínola y Alfredo Luenzo, el núcleo duro que acompaña a Pichetto.

El peronismo y Cambiemos quieren aprobar la ley de financiamiento político en abril, antes del inicio de las campañas electorales. 

"Consideramos que no había ningún tema de urgencia extrema para que el Congreso funcione ahora", sostuvo el rionegrino ante la prensa y confió en que la regulación de los gastos proselitistas será sancionada en abril, antes del inicio de las campañas.

Hace falta una negociación simultánea con Diputados, donde descansa un proyecto de ley enviado por Macri que habilita aportes privados en hasta el 2% de las campañas. El del Senado permite hasta 5% y macristas y peronistas coinciden en que si una regulación sólida, ningún empresario liberará un peso para los candidatos presidenciales.

Elisa Carrió es una férrea opositora a los aportes privados y sus 10 diputados votarán en contra de ese artículo, por lo que Cambiemos deberá cerrar un acuerdo sólido con el peronismo y el massismo de esa Cámara.

Lilita también complicó en diciembre la ley para aumentar penas por delitos en el fútbol, al solicitar que se incorpore un artículo que prohíba a funcionarios tener cargos en los clubes. El legislador porteño Francisco Quintana, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y el presidente del IPS Cristian Gribaudo, serían algunos oficialistas perjudicados.

Pero en el Gobierno confían en calmar a la chaqueña con muchos lugares en las listas de legisladores que le permita duplicar el bloque de diputados el año que viene.

Pichetto aprovechó para recriminarle a Frigerio el decreto que implementó la extinción de dominio y deberá tratarse en la bicameral de trámite legislativo. "No había ningún tema de urgencia extrema para que el Congreso funcione ahora", se molestó.

Pero en su bancada no pagarán el costo político de reunir al Congreso para eliminar el DNU y reemplazarlo por la ley que aprobaron en agosto. Permitía expropiar bienes originados en la corrupción y el narcotráfico, pero como parte del proceso penal.

Frigerio anticipó además que los únicos proyectos de ley previstos los enviaría Dante Sica para combatir el trabajo en negro. No mucho más. En un año de elecciones ejecutivas, las negociaciones parlamentarias no son fáciles.