Gustavo Arribas no pisó la bicameral de control de inteligencia en 2018 y en el kirchnerismo no quieren que pase otro año sin dar explicaciones: este martes, los diputados Loepoldo Moreau y Rodolfo Tailhade presentarán una nota para exigir su presencia y responder a varios temas espinosos.

La remitirán al senador radical Juan Carlos Marino, elegido por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para presidir la comisión y cuidar sus espaldas. Lo hace bien: el año pasado ignoró todas las consultas de la oposición y ni siquiera exhibió su organigrama.

O sea, los legisladores encargados de fiscalizar las tareas de espionaje no saben quiénes son los espías y mucho menos las tareas que le son asignadas. Tampoco accedieron al listado de agentes que ingresaron desde el 10 de diciembre de 2015. 

Serán dos de las seis solicitudes de Moreau y Tailhade y tal vez las menos delicadas. También quieren precisar las reuniones que directivos de la AFI mantuvieron con funcionarios judiciales entre junio y octubre último y si asistieron a "La Casa" fiscales de Lomas de Zamora involucrados en una causa contra Pablo Moyano.

Ocurre que algunos legisladores opositores recibieron de fuentes anónimas documentación de una supuesta persecución contra el hijo del líder camionero, con la participación de "el contador Dipascuale", que sería un temido agente. Nadie lo sabe bien. 

Además, los diputados cercanos a la ex presidenta pedirán copia del acuerdo firmado el 21 de septiembre entre el Ministerio de Defensa y su par de Isreal, para adquirir material de inteligencia.

El senador radical Juan Carlos Marino ignoró cada consulta de la oposición al jefe de la AFI, que lo impulsó como presidente de la bicameral de control.   

Y consultará n si hay gestiones para interceptar los servicios de whatsapp y telegram, como habría sugerido en declaraciones públicas Javier Leal de Ibarra, camarista federal de Comodoro Rivadavia, integrante del directorio que controla la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Este organismo está en manos de la Corte Suprema desde la asunción de Mauricio Macri y en su primer año de gestión quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de escuchas de Cristina Kirchner.

Por solicitud de la bicameral, desde el año pasado está auditado por Ubatec S.A, una organización integrada por la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad. No hubo mayores inconvenientes por una sencilla razón: con los cambios tecnológicos, el seguimiento de llamadas y mensajes de texto se convirtió en una tarea anacrónica. Intervenir los chat será un paso inevitable y el kirchnerismo quiere saber si ya lo están haciendo sin marco legal alguno.

Moreau y Tailhade reclamaron además respuestas sobre dos episodios que involucraron a agentes de la AFI: las supuestas tareas de inteligencia al Instituto Patria, sede de tareas proselitistas de Cristina Kirchner; y la denuncia por intimidación del ex jefe de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla.

El radical, que se enfrentó a Germán Garavano por su posición en la causa por la voladura de la mutual judía, denunció que encapuchados ingresaron a su casa para llevarse documentación y no descartó que detrás del robo "esté el Gobierno y los servicios de inteligencia". Nadie le respondió.