La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que envíe a juicio oral y público a Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo, por la causa Hotesur, en la que están acusados por presunto lavado de dinero con el falso alquiler de plazas hoteleras.

Las máximas autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presentaron un escrito de 200 páginas en el que solicitaron al juez federal Julián Ercolini que el caso pase a la instancia de debate oral y público. La UIF es querellante en la causa.

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público".

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ya habían solicitado lo mismo en diciembre en el marco de la causa que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentra los empresarios Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, y la funcionaria santacruceña Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), entre otros.

Los fiscales correrán vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en el caso, previo a definir si se eleva a juicio el expediente. Se descuenta que el organismo que conduce Laura Alonso pedirá también la elevación a juicio.

La causa Hotesur se inició en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

"La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", y otros exfuncionarios y empresarios, habían remarcado los fiscales.

Pollicita y Mahiques señalaron que la estructura estaba integrada, además, por "exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado".

Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó "ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016" y estuvo "destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el "mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita".