La Corte Suprema habilitó la feria judicial de enero para tratar el recurso de amparo presentado por legisladores de Cambiemos para suspender la consulta popular del próximo 27 de enero en La Rioja, a través de la cual el gobernador Sergio Casas pretende modificar la Constitución y poder presentarse para buscar un nuevo mandato.

La decisión la tomó el juez Horacio Rosatti, quien se encuentra de turno en la feria judicial. Como adelantó LPO, el ex ministro de Justicia tenía la llave para tratar el amparo de Cambiemos contra la consulta popular en La Rioja. Ahora, el resto de los jueces deberán estudiar el caso.

"Se habilita la feria judicial sin que esto implique adelantar posición alguna respecto de los requerimientos formulados" por los legisladores Héctor Olivares (UCR) y Marcelo Wechsler (PRO), adelantaron a este medio desde el entorno del juez.

La decisión de la Corte fue celebrada por el radicalismo, que había reclamado al máximo tribunal que actúe con "urgencia" para evitar la realización de la consulta popular, prevista para dentro de diez días. "No están dadas las garantías para que la consulta se realice en un marco de legalidad y transparencia", advirtieron Olivares y Wechsler.

Rosatti define si Casas puede ir por la reelección en La Rioja

La decisión del máximo tribunal se produjo luego de que partidos integrantes del frente Cambiemos en La Rioja presentaran el miércoles un amparo ante la máxima instancia judicial del país para que suspenda por "inconstitucional" la consulta popular convocada por el gobernador Casas, que le posibilitará la tercera reelección al frente del Ejecutivo provincial.

Los representantes de Cambiemos solicitaron que se habilite la feria judicial "para que la Corte se expida de urgencia", a fin de "evitar que se consume el atropello constitucional, con el consiguiente deterioro institucional para la República y tratar que el pronunciamiento llegue en tiempo útil para que no se tornen ilusorias las garantías republicanas", es decir antes del 27 de enero.

 Y, expresaron que recurrían a la Corte por "la arbitrariedad e inconstitucionalidad manifiesta de la ley provincial 10.161 de enmienda constitucional".  La consulta -con un padrón de 280.500 riojanos- tratará de "convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país", dice el escrito.