Argentina está sufriendo un verdadero dolor de cabeza en las cortes internacionales, con dos litigios que caminan a paso firme y totalizan unos 6.000 millones de dólares que dificultarían aún más el cierre del ya complicado programa financiero del próximo gobierno.

La causa más avanzada es la conocida como "caso Petersen vs YPF", donde el fondo buitre Burford Capital compró los derechos de la familia Eskenazi y alegó un serio perjuicio por la nacionalización de la petrolera argentina.

Como explicó LPO, luego de dos fallos negativos para el país, la Corte Suprema de los Estados Unidos postergó su decisión y consultó la opinión de la Casa Blanca antes de determinar si esta demanda continuará su curso en las cortes de Nueva York o si será trasladada a los tribunales de Buenos Aires, tal como pide el Gobierno argentino para aumentar sus posibilidades de una sentencia favorable.

Pero más allá de lo alegado por Trump, los especialistas anticipan un irremediable fallo adverso que podría llegar entre el último trimestre de este año y el primero del 2020. Así, la demanda por 3.000 millones de dólares -que de todos modos se cerraría por un importe bastante menor- caería enteramente bajo la responsabilidad de la próxima administración.

La Corte de EE.UU. postergó su fallo sobre el caso YPF y decidió consultar la opinión de la Casa Blanca

Lo mismo ocurriría con la ola de juicios que se espera por el diferendo del pago del cupón PBI. Esta semana, otro poderoso fondo buitre llamado Aurelius Capital presentó una demanda por 83,7 millones que podrían ampliarse a más de 3.000 millones si se suma el resto de los bonistas, como se espera.

"Lo más importante es quién inicia la demanda. No fue Doña Rosa, fue uno de los fondos más importantes del planeta que no estaría actuando sino tuvieran pruebas suficientes. Al estar seguros de sus fundamentos y sabiendo que la Argentina no volverá a crecer por encima del 3% hasta al menos el 2021 -con lo cual no recibirán pagos hasta diciembre del 2022- se cansaron y decidieron litigar", afirmó a este medio el especialista Sebastián Maril, de Reaserch for Traders.

Es que el reclamo surge del sospechoso cambio en la serie que mide el PBI que aplicó el ex ministro de Economía Axel Kicillof, por el cual redujo la estimación de crecimiento para el 2013 y se ahorró el pago de 3.000 millones para el 2014, un año donde las reservas internacionales estaban a niveles mínimos.

Según informó Maril, el juez Ronnie Abrams acaba de ordenar a la Argentina responder la demanda antes del 18 de marzo. El magistrado supervisará las etapas iniciales del litigio, pero no se descarta que la jueza Preska reciba el caso en los próximos meses. Se trata justamente de la reemplazante del conocido Juez Griesa y es casualmente quien está llevando adelante la demanda contra YPF, sin señales favorables para el país.

De esta manera, estos 6.000 millones de dólares se agregarían a la abultada deuda externa local -que sólo por las devoluciones de los desembolsos del FMI necesitará casi 45.000 millones de dólares entre 2022 y 2023- en un período muy difícil en el panorama internacional, donde los países emergentes enfrentarán serias dificultades de refinanciamiento por el récord de vencimientos a nivel global, tal como advirtió el Instituto Internacional de Finanzas.