La causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) por la que el juez Claudio Bonadío encarceló a varios funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner -como Julio De Vido y Roberto Baratta- tuvo un vuelco inesperado en las últimas horas.

En primer lugar, se confirmó un escandaloso falseamiento pericial, por la cual se había sobreestimado las diferencias en los precios pagados por el gas importado por "errores técnicos y metodológicos".

Es por eso que las partes impugnaron la pericia y denunciaron penalmente al perito David Cohen, cuyo informe había sido tomado para pedir las detenciones de los ex funcionarios, al indicar sobreprecios por 7.000 millones de dólares.

Según contaron a LPO fuentes inobjetables del Colegio Pericial encargado de rever la investigación, Cohen había tomado un mismo precio de acuerdo al indicador Henry Hub -gas norteamericano- sin tener en cuenta los diferentes momentos de cada compra ni las primas que los mercados tomadores de precio como Argentina deben abonar.

Pero cuando la causa estaba a punto de recibir un fulminante revés, Bonadío consiguió nuevas pruebas que le permitieron mantener abierto el proceso judicial. Calificados integrantes del Colegio Pericial señalaron a este medio que si bien no había fundamentos para demostrar irregularidades en el pago del gas importado, sí se encontraron "discrepancias escandalosas" en los precios de los servicios marítimos.

Se trata de una logística que incluye atraque de barcos, remolque, pilotaje gastos administrativos, operativos y descarga del producto, entre otras cuestiones. Es que los famosos buques regasificadores necesitan ser alimentados por otros barcos que se colocan a la par en un proceso sumamente complejo y peligroso.

Esta tarea se hacía a través de agencias marítimas locales, entre las que se destacaba Marítima Meridian. Según los especialistas, la firma realizó la mayoría de los servicios para los 570 cargamentos efectuados entre 2008 y 2015, en los que observaron precios "entre cinco o seis veces por encima del mercado". En rigor, mientras que los contratos de Enarsa fijaban un tope de 60.000 dólares por operación, se llegaron a encontrar facturas de Meridian de hasta 400.000 dólares.

También, aseguran que en esta supuesta asociación ilícita estaban asociados al ex secretario general del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Enrique Omar "Caballo" Suárez.

Dado que los miembros participantes en la última pericia son renombrados especialistas en materia gasífera, pero no en el ámbito portuario, Bonadío procedería a convocar a un nuevo Colegio Pericial para confirmar lo revelado al concluir la feria de enero.