La Corte falló contra el cálculo de la Anses para calcular los haberes jubilatorios y complica al gobierno nacional. La sentencia volvió a evidenciar la nueva mayoría en el máximo tribunal compuesta por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, a los que se sumó Helena Highton.

El titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quedó nuevamente en soledad en un fallo que el Gobierno quería evitar a toda costa. Si bien los especialistas creen que no habilitará una catarata de juicios, la Casa Rosada esperaba un espaldarazo del Máximo Tribunal y se supone que el ministro de Justicia, Germán Garavano, estuvo reunido con Highton para intentar cambiar su decisión.

Hasta que el gobierno sancionó la reparación histórica, para calcular los haberes jubilatorios se utilizaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) mientras que la Anses comenzó a aplicar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que según la Corte le da peor a los jubilados.

La Corte ordenó comunicar al Congreso el contenido de la sentencia para que, en un plazo razonable, sancione una ley que fije el nuevo indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período 1995-2008, ratificando que, hasta que ello ocurra, esa actualización se hará por aplicación del citado ISBIC.

Según los cálculos de estudios tributariastas consultados por LPO la nueva forma de cálculo implica un gasto extra de 70 mil millones de pesos extra. Pero no será un proceso inmediato. En la Corte hay 11 mil casos similares al que se trató este martes y en los tribunales inferiores 150 mil, que pueden ingresar en un proceso de apelaciones que demoren la ejecución de la sentencia. Luego la Anses se demora unos 120 días en hacer la liquidación final, que si es objetada por el jubilado vuelve a estirarse.

La Corte también le solicitó al Congreso que establezca por ley el índice de ajuste para las jubilaciones otorgadas entre 1995 y 2008. Los ministros decidieron que correspondía "llevar a su conocimiento la presente decisión a fin de que en un plazo razonable hiciese uso de las atribuciones constitucionales que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado". 

El fallo

El trabajador Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en 2003, inició un juicio por la actualización de sus haberes. En las instancias inferiores la justicia decidió en favor del demandante quien buscaba que se le aplicara el ISBIC para la actualización de sus haberes mal calculados. Para muchos de los 150.000 jubilados en la misma situación del Blanco, el cálculo propuesto por el Gobierno implica un aumento del 34%, mientras que con el ISBIC el aumento correspondiente es del 85%.

"La Anses había extendido los efectos de la reparación histórica contra aquellos jubilados que no la habían aceptado", explicó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

Con este fallo, queda abierta la puerta para que se multipliquen las demandas de ajuste de haberes con el índice ISBIC. Por lo que algunos estudios tributarias estiman que el costo fiscal de este fallo pueda ascender a los $70.000 millones anuales a partir de 2020 ya que Lorenzetti, Maqueda y Rosatti consideraron que este fallo debe hacerse extensivo al resto de los casos.

No así, la ministra Highton de Nolasco confirmó la sentencia apelada que era favorable a las pretensiones del actor Blanco. No obstante, a diferencia de sus pares limitó los efectos de la decisión al caso concreto, sin pronunciarse sobre las demás causas.

Bajo la Resolución N° 56/2018 de la Anses -luego ratificada por la Resolución N° 1/2018 de la Secretaría de la Seguridad Social-, los cálculos del nivel inicial de las jubilaciones con altas anteriores al 1° de agosto de 2016, las remuneraciones deben actualizarse con el índice combinado aprobado por la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social n° 6/2016, que fija el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) desde el 1° de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008. Esas fueron las normas objetadas.

"La Corte Suprema, por mayoría, declaró de oficio la inconstitucionalidad de ambas resoluciones '56/2018 ANSeS y 1/2018 SSS' por arrogarse los organismos que las dictaron el ejercicio de una facultad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional", se lee en el informe sobre el fallo (ver abajo). 

Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton añadieron que "aun cuando al dictar la ley 24.241 en 1993, el Congreso había encomendado a la Anses que reglamente la aplicación del índice salarial a utilizarse y en cumplimiento de ello el organismo había dictado dos resoluciones -Nros. 63/94 y 140/95, la facultad de elegir el indicador para la actualización de los salarios computables fue reasumida por el legislador al sancionarse la ley 26.417 en el año 2008, cuando el Congreso Nacional escogió un índice combinado aplicable a las remuneraciones que se devengasen a partir de su entrada en vigencia". 

De esta forma, para los cuatro jueces, la Anses no tenía facultad delegada del Congreso para elegir una metodología de actualización de haberes menor al índice elegido en la ley de 2008. Por el contrario, para  Rosenkrantz "las Resoluciones son válidas desde el punto de vista formal y sustancial".