La Cámara de Diputados sancionó la reforma del Código Procesal Penal que le dará más atribuciones al fiscal en la investigación, en lo que se conoce como un sistema acusatorio, en lugar del inquisitorio actual.

Se trata de una ley presentada por el senador Rodolfo Urtubey, del justicialismo, pero trabajada junto al ministro de Justicia, Germán Garavano, con la misión de reemplazar el Código Procesal sancionado en 2014 por Cristina Kirchner.

"Parece que las leyes del Gobierno las escribe la oposición la oposición", lo chicaneó la ex presidenta en abril, cuando se aprobó en el Senado. El proyecto obtuvo 134 votos a favor y 55 en contra, sólo los del Frente para la Victoria.

La reforma está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales e incorpora herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado en general.

Y armoniza las nuevas normas penales como la ley de Flagrancia, la de Ejecución de la Pena, Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Arrepentido, Técnicas Especiales de Investigación para los delitos complejos y la Protección de Víctimas del Delito.

"El código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", señaló la radical Gabriela Burgos.

"Estamos hablando de un procedimiento confuso y enredado. Ir de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mejorará el servicio de justicia. Imagínense lo que significa transferirle estas facultades al Ministerio Público desde algo tan mínimo como lo edilicio o el personal", celebró Graciela Camaño. "Hoy se demanda a la justicia mayor rapidez y es imposible responder sin un sistema procesal moderno", la respaldó Pablo Kosiner, de Argentina Federal.

El Código Procesal Penal fue aprobado en 2014 pero Macri lo suspendió. El senador Urtubey, del PJ, lo reescribió y sólo el kirchnerismo votó en contra. 

"Esta ley no es más que parte de la construcción de la ingeniería judicial de persecución política", repudió Martín Doñate, del kirchnerismo. "Reduce las garantías de los ciudadanos, sin que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del delito; evidencia una distorsión del sistema acusatorio. Y hay una clara afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal", denunció.

Cooperativas

Por unanimidad, 174 votos, diputados aprobó un proyecto para crear una contribución extraordinaria a pagar por las cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o financieras y de seguros y/o reaseguros, que vienen peleando hace dos años para no pagar impuestos.

El presupuesto los gravó con un impuesto al patrimonio, los senadores lo redujeron y Luciano Laspina, diputado del PRO, escribió un proyecto alternativo que tuvo la adhesión de todo el recinto.

"Es iniciativa propone la creación de una contribución extraordinaria de carácter transitorio. Contribuir al esfuerzo fiscal y reducir la carga sobre el sector". La ley establece un mínimo no imponible que se actualizará por inflación y una cuota máxima del 4% por cuatro años.

Y fija la tasa en 3% para cooperativas y mutuales financieras de un capital de hasta 150 millones de pesos. Si se supera ese monto, pagarán una alícuota del 4% más otros 3 millones de pesos.

El capital no imponible quedó fijado en 50 millones de pesos, monto que será actualizado anualmente según el IPC correspondiente a octubre del año anterior.

"Es una ley importante para el desarrollo de nuestras cooperativas, de modo tal de quedar protegidas de estos gravámenes", aportó Eduardo Cáceres, del PRO. 

"Hoy estamos rompiendo el principio de la solidaridad con la que trabajan estas cooperativas", agregó el kirchnerista Solanas. "No se pueden gravar con ganancias a las cooperativas y mutuales", celebró el socialista Luis Contigiani.