Los trabajadores judiciales harán un paro de 60 horas la semana próxima si la Corte Suprema no les paga el aumento salarial del 20 por ciento acordado meses atrás y que quedó frenado por una decisión del Gobierno nacional, como explicó LPO. La medida se suma a la huelga que realizarán el jueves.

El titular de la UEJN, Julio Piumato, advirtió que "si el martes que viene no sale la acordada de recomposición salarial, que establece un aumento del 20 %, vamos a un paro de 60 horas", al tiempo que ratificó el cese de actividades de 24 horas previsto para mañana.

Piumato argumentó que el aumento fue acordado "entre el gremio y la Corte tal como lo establece la ley" y acusó al Poder Ejecutivo de "avasallar" al Judicial por no "habilitar" la liberación de esos fondos. "La Corte, por ley, está habilitada a fijar los salarios, lo que hizo la Jefatura de Gabinete es pretender incidir en eso y decirle a la Corte lo que tiene que hacer. Es un disparate y por eso hicimos una concentración muy importante ayer en el Palacio de Justicia, donde hemos ratificado el paro de mañana", apuntó el dirigente en declaraciones a AM 530.

Asimismo, Piumato amenazó con que "si el martes que viene no sale la acordada cristalizando el acuerdo entre la Corte y el gremio vamos a llevar adelante un paro desde el miércoles 5 a las 10 de la mañana con movilización y sin concurrencia a los lugares de trabajo que continuará el jueves y viernes". El sindicalista agregó que "si no se cumple con lo acordado, la Justicia no va a funcionar de acá a fin de año, o hasta que se cumpla".

Peña bloquea fondos a la Corte y le abre un conflicto a Rosenkrantz con los judiciales

Como contó LPO,  Marcos Peña le avisó a la Corte Suprema que el Gobierno no le girará los fondos que habían requerido para hacer frente a los aumentos salariales de 10 por ciento en octubre y otro 10 por ciento en diciembre. El jefe de Gabinete puso en duda el pago de la cuota de octubre (lo dejó sujeto a negociaciones con Hacienda) y le pidió al máximo tribunal que demore la última cuota para el año próximo. 

Peña argumentó el rechazo en que "el Presupuesto fue sancionado con estricta sujeción a la normativa vigente en materia de responsabilidad fiscal", es decir a la necesidad de ajustar el gasto hasta cero. "En ese contexto y teniendo en cuenta el esfuerzo el gobierno nacional, gobiernos provinciales y otros estamentos del Estado, las modificaciones de partidas presupuestarias, tal como fueron pedidas, afecta fuertemente los recursos del Tesoro", agrega el funcionario.