El Gobierno nacional finalmente adjudicó la obra del río Salado al Grupo Roggio, que había ganado la licitación pero quedó en duda tras el estallido del caso de los cuadernos. Se trata de un tramo de la obra más importante de la provincia de Buenos Aires, clave para evitar inundaciones en la cuenca.

LPO anticipó meses atrás que la decisión de la Casa Rosada era avanzar con la adjudicación a pesar de las complicaciones judiciales de Aldo Roggio, que en ese momento había declarado como arrepentido en la causa de los cuadernos y luego fue procesado por el juez Claudio Bonadio. Más tarde, Roggio renunció a la presidencia de sus compañías.

Tras la euforia inicial por el estallido del escándalo y las complicaciones del kirchnerismo, en el Gobierno tomaron nota de que se trataba de un riesgo serio para la economía y comenzaron a diseñar un marco jurídico para evitar que la investigación judicial frene obras importantes, como la del Salado.

El caso del Salado fue emblemático porque en el Gobierno consideraban que no podían sacarle la obra a Roggio por dos motivos. Por un lado, por una cuestión técnica: no hay muchos más empresarios de la envergadura de Roggio en el país como para hacer una obra así. Por otro lado, porque habría sido un antecedente letal y prácticamente habría paralizado toda la obra pública del país.

El Gobierno deja a Roggio en la obra del Salado porque dice que no hay otros empresarios de esa envergadura

Es por eso que el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, empezó a elaborar una ingeniería jurídica para que el Estado pueda firmar contratos con empresas cuyos directivos estén siendo investigados por la Justicia, bajo el argumento de que las posibles inhabilitaciones no podían extenderse a las compañías. La renuncia de Roggio a la conducción de las empresas tenía que ver con ese objetivo. 

El último día de octubre pasado, Saravia Frías emitió un dictamen -ver aparte- en el que recomienda avanzar con la adjudicación al considerar que el procesamiento de Aldo Roggio (en la causa de las obras de Aysa) "no podría, ni aún por hipótesis, proyectar sus efectos sobre la persona jurídica Benito Roggio e Hijos S.A.", por lo que considera que no hay obstáculos para la contratación. 

La obra

Las dudas de estos meses se disiparán este viernes con la firma del contrato con la secretaría de Infraestructura y Política Hídrica que conduce Pablo Bereciartua y depende del Ministerio del Interior. Esa oficina está encargada de este tramo de la obra, que implica la adecuación, ensanche y profundización del río Salado.

La obra adjudicada a Roggio (en conjunto con las firmas Eleprint y Ecodyma) es un subtramo del tramo IV del Plan Maestro del Río Salado, el más grande en cuanto a inversiones del país y la obra más importante de la provincia de Buenos Aires. Los dos primeros tramos se hicieron durante el kirchnerismo, mientras que a durante el actual gobierno se finalizó el tramo III, que estaba prácticamente paralizado por falta de pagos y problemas judiciales.

Macri y Vidal en una recorrida por la Cuenca del Salado con  Pablo Bereciartua

El tramo IV es el más complejo del plan, por lo que está dividido en cuatro subtramos. Son más de 220 kilómetros y 1000 millones de metros cúbicos de movimiento de suelo, explicaron fuentes oficiales. Implica el saneamiento de 35 mil hectáreas de forma directa y más de un millón de forma indirecta, por lo que en el gobierno de Vidal creen que el impacto económico será muy importante.

Además del subtramo 3 (adjudicado a Roggio), Nación adjudicará el subtramo 3 a Helport, de Eduardo Eurnekian, y Chediak. Una parte del subtramo 1 también corresponde a Nación y la otra parte a la Provincia, que la hará con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. El subtramo 2 también está en manos del gobierno provincial, que lo financiará con un crédito del Banco Europeo de Inversiones.

El tramo IV del Plan Maestro tiene un costo total de 1000 millones de dólares. Las correspondientes a los subtramos 3 y 4 que firmará Nación tienen un valor de unos 500 millones de dólares. En tanto, hay en ejecución dos etapas por 100 millones de dólares cada una, mientras que resta iniciar una etapa de 300 millones de dólares a cargo de Provincia que se licitó hace un año y comenzarían en 2019.

En Nación destacan que los contratos que se adjudicarán se realizarán con recursos propios, sin impactar en el déficit y con un método de pago novedoso. Los 500 millones se afrontarán con el Fondo Hídrico, conformado con un porcentaje del impuesto a los combustibles. La novedad sería que se hará con un pago diferido: un 50% se abonará mientras se hace la obra (que duraría dos años) y el resto a 5 años, apalancado en el Fondo Hídrico. En el caso del subtramo adjudicado a Helport, el financiamiento -es decir el porcentaje de pago diferido- será del 65%.