El cierre del Buenos Aires Design desató protestas de los trabajadores que perdieron sus fuentes laborales. Desde el gobierno porteño responsabilizaron a IRSA, la empresa que posee la concesión del predio desde 1993, pero desde el grupo lo desmienten. El Ejecutivo negocia con los comerciantes para que una "persona jurídica" quede a cargo del shopping hasta que esté en marcha una nueva licitación.

Según pudo saber LPO el gobierno está en tratativas con los dueños de locales del centro comercial para que un consorcio tome las riendas del shopping por los próximos 18 meses, hasta que el área de concesiones porteña elija al nuevo locatario de predio y así poder conservar los 1500 puestos de trabajo que genera.

El detalle no es menor: si no hay una persona jurídica a cargo del lugar los locales no podrían funcionar. La Legislatura aprobó un proyecto que habilitaba esa posibilidad y en un principio la intención era que IRSA cumpliera el rol. Sin embargo las negociaciones no llegaron a buen puerto.

En Parque Patricios aseguran que la empresa quería reducciones en Ingresos Brutos, ganancias y tres años de contrato en lugar de los 18 meses ofrecidos. Desde IRSA lo desmintieron en forma tajante.

"No negociamos una extensión de la concesión sino un permiso de uso transitorio hasta que el nuevo concesionario tomara posesión de predio. El gobierno en todo su derecho decidió otra cosa", completaron desde la compañía de Eduardo Elsztain

Además aclararon que "ningún contrato de ningún locatario con el Buenos Aires Design se extendió más allá del 18 de noviembre. Fuentes del oficialismo habían asegurado a LPO que IRSA prometió forma unilateral a los comerciantes que los locales podría seguir funcionando después del domingo próximo.

Para presionar por una solución, el medio centenar de personas que cortó la Avenida Libertador colocó muebles y objetos que se vendían en el shopping. Aunque no interrumpieron completamente el tránsito los gastronómicos generaron inconvenientes para los automovilistas en hora pico.

Por lo pronto la Legislatura aprobó la primera lectura de un proyecto que permitirá concesionar el predio por 15 años prorrogables por otros 5. Aún falta la audiencia pública y la segunda lectura, pero se descuenta que será aprobada.

Esa normativa permitirá locales gastronómicos, emprendimientos hoteleros, coworking y una serie de usos más, entre los que está excluído el inmobiliario.

Desde la oposición reclamaron una solución al conflicto. "IRSA ya comenzó con el cierre total del predio, y el gobierno de la Ciudad se desentiende completamente de la situación que están atravesando los empleados y las empleadas de los distintos locales, aduciendo que es un problema entre privados", criticó el senador kirchnerista Javier Andrade.