Una denuncia de Pino Solanas por presunta falsificación de documentos podría reactivar la causa contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por las supuestas coimas que cobró de la constructora brasileña Odebrecht, un expediente que fue rápidamente cerrado por el juez Rodolfo Canicoba Corral y que espera una definición de la Corte Suprema.

El senador de Proyecto Sur presentó una denuncia penal contra el jefe de los espías por el supuesto uso de documentación falsa para justificar el dinero que recibió del gigante brasileño y ser sobreseído. "Arribas recibió coimas de Odebrecht. El recibo de los muebles es trucho", afirmó Pino.

"En la ficha biometrica se ve que la firma que Arribas presentó para comprar muebles es distinta a la del comprador. Por esta causa fue sobreseído", explicó Solanas, que mostró fotografías de los comprobantes, donde se ven claramente las diferencias. 

"Es una firma (la ficha biométrica de la compra) totalmente distinta a la que se muestra en la fotocopia del recibo presentada por Arribas en la causa en la que fue sobreseído", agregó en su cuenta de Twitter.

La denuncia se basa en una posible maniobra del Banco Central para encubrir las transferencias bancarias que el titular de la AFI habría recibido de parte de un operador de Odebrecht. "El recibo que presentó Arribas al juzgado tiene una certificación meramente simple es decir que el notario sólo certifica que la firma es parecida a la que consta en sus archivos, sin dar ninguna certeza de su autenticidad. Pero existen elementos que hacen que ese recibo esgrimido por Arribas sea poco creíble", detalló Solanas.

En ese marco, mencionó que el recibo fue firmado por Atila Reys Silva en San Pablo en 17 de enero de 2017 y la certificación notarial simple fue efectuada en el Cartorio (escribanía) Nº 6 de Belo Horizonte, distante 586 kilómetros de San Pablo.

La causa contra se había iniciado cuando el operador brasileño Leonardo Meirelles confesó que le había pagado 850.000 dólares como parte de coimas de Odebrecht para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento. El ex representante de futbolistas dio extrañas versiones sobre un pago de 70 mil dólares por muebles de su departamento de San Pablo.   

La presentación de Pino Solanas podría reactivar una causa que parecía destinada al cierre definitivo después de una polémica actuación del juez Rodolfo Canicoba Corral, que sobreseyó a Arribas aceptando todos sus argumentos y casi sin profundizar ninguna línea de investigación. El fiscal Federico Delgado acusó al magistrado de haber utilizado "falacias" para beneficiar al funcionario.

Pero Delgado no tuvo éxito en su intento de rever la decisión de Canicoba ya que el fiscal Germán Moldes, en una muy polémica medida, no sostuvo la apelación y dejó caer la investigación. Entonces, Delgado y el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidieron a Casación que frene el cierre de la causa y buscaron nuevos elementos de prueba, como una videoconferencia con Meirelles, donde habló de diez pagos a Arribas. 

Más tarde, la Policía Federal de Brasil confirmó que existió el pago a Arribas de 850 mil dólares, aunque Canicoba mantuvo firme en su postura y descartó reabrir la investigación. Actualmente, la causa está en poder de la Corte Suprema, que deberá definir la apelación de la PIA al sobreseimiento. Las pruebas presentadas por Solanas podrían darle un impulso inesperado a la investigación.

Las firmas de Atila Reys Silva 

La denuncia de Pino también reactivó los pedidos de la oposición para llevar a Arribas al Congreso. Tres legisladores kirchneristas que integran la comisión bicameral de Inteligencia, le pidieron al presidente del cuerpo, Juan Carlos Marino, que de forma "urgente" cite al jefe de la AFI para explicar la acusación de Solanas. 

Los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, y el senador Marcelo Fuentes, presentaron un escrito en el que mencionaron la denuncia del referente de Proyecto Sur y resaltaron que la comisión "se reunió en contadas oportunidades, lo que impidió e impide que se pudiera hacer una adecuada fiscalización de las actividades de inteligencia".

Los legisladores señalaron que tampoco se pudieron hacer "diversos requerimientos de información cursados oportunamente no fueron contestados, o fueron contestados de forma parcial e incompleta". En un comunicado, recordaron que "la última reunión plenaria fue suspendida al menos en cinco oportunidades, sin ningún tipo de explicación sobre los motivos".