Los jueces de la Corte Suprema le impusieron a Carlos Rosenkrantz un temario de fallos a tratar antes de fin de año que incomodan al presidente Mauricio Macri.

"La Corte Suprema resolvió en el Acuerdo de hoy fijar el siguiente calendario de sentencias", anunció el máximo tribunal que, por primera vez, publicó en el CIJ la agenda de las sentencias más trascendentes que le quedan hasta fin de año.

De este modo, antes de fin de año los jueces resolverán un fallo sobre la constitucionalidad de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias como se reclama desde diversos sectores políticos y de la opinión pública y al mismo tiempo definir cuál debe ser el índice de ajuste que se aplique a las jubilaciones.

La reunión de Acuerdo fue áspera y duró dos horas y media. En ella se habló de la polémica decisión de Rosenkrantz de contratar al subprocurador del Tesoro -un funcionario clave del Poder Ejecutivo- para manejar la comunicación del máximo tribunal, en una maniobra que le atribuyen a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. El abogado Juan Pablo Lahitou fue nombrado para cumplir funciones en la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Institucional y seguirá en la Corte pero muy golpeado.

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No fue la única crítica que recibió Rosenkrantz, que es cuestionado por querer manejar la Corte en línea con la Casa Rosada y encima sin contar con el resto del tribunal, como cuando fue a almorzar sólo junto a Elena Highton con Macri y Marcos Peña. La foto enfadó al resto de los magistrados, que el mismo día fallaron en contra del Estado en una causa iniciada por la provincia de La Pampa por coparticipación.

Para ordenar el funcionamiento de la Corte, los jueces le propusieron al presidente del tribunal la definición de un temario público y le recordaron que él mismo impulsaba una medida similar cuando era candidato a juez. En Estados Unidos la Corte tiene una agenda de fallos publicada con la anterioridad suficiente para espantar las sospechas de discrecionalidad y para evitar el cajoneo de causas que molestan al Ejecutivo.

Rosenkrantz ensayó una resistencia, a sabiendas de que algunos de los fallos que impulsan sus compañeros incomodan a Macri. Pero no pudo frenar la embestida y debió sellar el acuerdo.

El temario

El 27 de noviembre la Corte dictará sentencia sobre una "medida cautelar por pago del impuesto a las Ganancias por jueces incorporados a partir de 2017". El propio presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, defendió el pasado fin de semana este privilegio de los jueces.

En esa ocasión la Corte no tratará la "cuestión de fondo" que es si los magistrados y funcionarios del Poder Judicial deben tributar Ganancias, sino la medida cautelar dictada hace un año por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, ratificada luego por la Sala V de la cámara del fuero, en relación a la última ley sancionada en relación a ese tema, señalaron fuentes judiciales.

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Además del Poder Ejecutivo y la Procuración General de la Nación, en el expediente figuran como demandados el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En una de las últimas reuniones del año, el 18 de diciembre, el máximo tribunal emitirá sentencia también sobre la "determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro", para lo cual tomará el caso Blanco, una denuncia realizada contra la ANSES.

Para el Poder Ejecutivo debe utilizarse el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para la actualización de haberes jubilatorios, mientras que muchos jubilados demandaron al Estado para que se les siga aplicando el Isbic (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).

Previamente, el 4 de diciembre el máximo tribunal dictará una nueva sentencia vinculada con la "aplicación de la ley del 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad".

La última vez que la Corte opinó sobre el tema, le otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña pero luego el Congreso sancionó una nueva ley para que ese cómputo no pueda volver a aplicarse a casos de lesa humanidad.

La Corte anunció también que el 11 de diciembre dictará sentencia sobre la Constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, ante una denuncia de la UCR.