El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que no hay pruebas para procesar a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez. El magistrado además resolvió que tampoco existen pruebas para sobreseerla. Por eso, dictó la falta de mérito de la ex presidenta y ordenó una decena de nuevas medidas para seguir investigándola.

De acuerdo con Casanello, hasta hoy no hay evidencia alguna que demuestre que Cristina haya participado de las maniobras de lavado que llevaron adelante Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los otros 18 acusados que él envió a juicio oral.

Casanello solo había citado a la ex mandataria después de que se lo ordenara la Cámara Federal. Es que para él, no había elementos que justificaran una indagatoria.

Según el juez, en cambio, el vínculo sí acreditado de Cristina Kirchner con esta causa tiene que ver con la génesis del delito: ella está acusada de haberle dado a Báez negocios espurios que le permitieron hacer la fortuna que después lavó a través de Elaskar, Fariña, "La Rosadita", cuevas porteñas, sociedades nunca declaradas y cuentas en el exterior.

Cristina Kirchner aparece entonces en el "delito precedente" (la presunta estafa al Estado), pero ese delito ya es investigado por otro juez en la causa conocida como "Vialidad". Según Casanello, después, en "las puntuales maniobras de lavado", no hay pruebas de que ella haya sido parte.

Báez, sus hijos, Fariña y otros comenzaron hace dos semanas a ser juzgados ante el Tribunal Oral Federal 4. Pero Cristina no forma parte de ese debate porque el juez siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntado hacia la ex jefa de Estado, hasta que finalmente ordenó que la ex presidenta fuera llamada a declarar.

El magistrado cumplió con la decisión en una indagatoria en la que la ex mandataria rechazó las acusaciones en un escrito y se refirió a la supuesta persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. Ahora, Casanello resolvió la situación procesal con una falta de mérito: un estadio en donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer.

Ahora seguramente, la UIF y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, seguramente apelarán la decisión de Casanello y pedirán su procesamiento por entender que el lavado de esos 60 millones de dólares de Báez fue parte de un circuito que empezó con el otorgamiento de 3 mil millones de dólares en obras públicas al empresario santacruceño quien luego le pagaba "alquileres" por sus hoteles a los Kirchner.

"Debe continuarse la investigación -sostuvo hoy Casanello- para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia." El juez destacó en negrita en su fallo la palabra "evidencia".

En este punto, Casanello citó un fallo previo, también dictado por él, en el que había afirmado que hay un viejo aforismo romano que dice que 'del hecho surge el derecho' y que eso opera como un freno a la 'declamación vacía de contenido, al circo o al engaño de aquel que juega con las expectativas y buena fe de un auditorio". Es el fallo con el que anuló la acusación contra Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, con el argumento de que no había pruebas concretas que comprometieran al entonces jefe de gobierno porteño.

Hoy, entre los elementos que citó Casanello para explicar que no hay rastros de Cristina Kirchner en esta causa, están los dichos de 2016 de Leonardo Fariña. En esa declaración, como "imputado colaborador", Fariña dijo que Báez, que era su jefe, le decía que el dinero lo había hecho él con "su amigo" Néstor Kirchner y Cristina estaba al margen. Para el juez, corroboraría esta versión el dato de que Báez empezó a sacar dinero al exterior "inmediatamente después de la muerte de Nestor".

Otro dato central -de acuerdo con Casanello- es que, por ahora, ni Cristina Kirchner ni nadie de su entorno más cercano aparece como beneficiario del dinero lavado. No figuran en ninguna de las sociedades por las que se movieron los fondos ni en las cuentas donde se depositaron. "En la causa se acreditó que se expatriaron clandestinamente unos 60 millones de dólares que terminaron en bancos suizos y de Bahamas a nombre de 'sociedades de cartón' cuyas cuentas tenían como beneficiarios finales a los cuatro hijos de Báez", afirmó el juez.

Los documentos que llegaron de Suiza y Panama permitieron reconstruir el circuito del dinero desde que salió del país y demostraron que "siempre concluía en cuentas bancarias que registraban a los hijos de Báez como sus únicos beneficiarios finales". Después, parte del dinero reingresó a la Argentina y terminó en Austral Construcciones, empresa principal de los Báez.

Según el juez, otro dato que señala que hasta ahora todo parece haber sido hecho por los Báez en beneficio de ellos mismos es un testamento, redactado por Lázaro, que reconoce como únicos herederos a sus hijos y su cónyuge. Un testamento que, dice Casanello, "busca blindar su patrimonio para su familia".