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Cambiemos prohíbe que los sindicatos financien campañas electorales
El oficialismo acordó con el PJ un dictamen del proyecto de financiamiento político, que acepta aportes de empresas pero no de sindicatos. Apuran ley de lobbys.

Cambiemos acordó con el PJ un dictamen del proyecto para regular el financiamiento de la política, que habilita a las empresas a contribuir en las campañas pero impide aportes de los sindicatos.

Los gremios fueron excluidos por presión de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, que pasó la mañana en el Senado para seguir la cerca la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el peronista Dalmacio Mera.

Tras la exposición de Nicolás Tereschuk, coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos y en contra de sumar aportes privados a las campañas, la senadora María Fiore Viñuales, salteña y aliado a Juan Manuel Urtubey, antició que no aceptaría las contribuciones de los sindicatos y concesionarios de servicios públicos. 

Ocurre que el proyecto de Miguel Pichetto habilitaba aportes de personas jurídicas sin prohibir a sindicatos, históricos contribuyentes de las campañas peronistas. Mauricio Macri logró que no lo sean más, al menos en el dictamen que Mera hizo circular en los despachos, ya tarde, cuando muchos senadores se habían ido y no llegaron a firmar.

El proyecto permite que empresas asistan en forma permanente a los partidos políticos, pero impide contribuciones sindicales. Quieren tratarlo el 21 de noviembre. 

Este jueves seguirán releyendo para reunir una mayoría y llevarlo al recinto el 21, aunque si la negociación se dilata podrían estirarlo una semana más, al filo del inicio del G20. 

"El financiamiento debe ser público y en el caso del aporte mixto, tiene que ser amplio desde el punto de vista de los sujetos jurídicos", sostuvo el fiscal general Jorge Di Lello, otro de los expositores, preocupado por la falta de autoridades partidarias.   

El proyecto, al que accedió LPO, permite que los partidos políticos reciban "por año calendario para desenvolvimiento institucional un monto superior al cinco por ciento del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior".

Claro que deben bancarizar los aportes e informar en todos los casos "la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario".

De esta manera, las empresas estarán habilitadas para contribuir a las campañas electorales, pero entre las prohibiciones se encuentran las "contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales".

La ley suma poder a la justicia electoral con un cuerpo de "auditores contadores" que verificarán los balances de las agrupaciones disponibles. Controlarán, por ejemplo, que ningún sindicalista haya girado fondos a un candidato. 

Funcionará con un "fondo anual especial" que no será inferior al 7% del fondo partidario permanente, integrado con los aranceles cobrados por los trámites y los recursos del Estado nacional.

A pedido de Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, la ley aclara que los apoderados deberán agotar sus pleitos en el fuero electoral antes de acudir al penal, donde suelen dirimirse muchas controversias electorales. 

Pichetto y Mera buscan además las firmas para la ley de gestores de intereses, o lobby, otro reversión de un proyecto presentado por el Gobierno en Diputados.

Adrián Pérez repasó los últimos borradores y pidió diferenciar con claridad los "gestores de intereses" y los "lobbystas", siendo los primeros miembros de organizaciones o empresas, y los otros intermediarios profesionales.

Pero la ley electoral es prioridad porque ningún candidato se atreve a empezar la campaña sin una regulación clara para financiarse sin tener que dar explicaciones en Tribunales.

Tanta es la urgencia compartida por esta ley, que en Cambiemos no descartan que sea el único tema de una sesión extraordinaria en febrero en Diputados, previo a un año con pocas reuniones parlamentarias por el interminable calendario electoral.

En esa Cámara, el proyecto nunca se trató porque Elisa Carrió y algunos radicales siguen sin aceptar aportes privados, pero no tendrán más opción que ceder si no quieren generarle un grave perjuicio al Gobierno. Esa será la próxima negociación de Adrián Pérez. Dentro de poco. 


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Asi que las empresas podran comprar candidatos. y las clase obreras no.
parece que huelo miedo a los trabajadores.
Parece que la plata de las empresas es mejor que la plata de los sindicatos.
Es decir la corrupcion empresaria es mejor que la corrupcion sindical.
Empresarios si, obreros no.