La jueza federal María Servini de Cubría envió a juicio oral y público la causa por presunta defraudación al Estado nacional en el programa Fútbol Para Todos, en la que están acusados los ex jefe de gabinete del kirchenrismo Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich.

Asimismo, serán juzgados en juicio oral y público el ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura y otros dirigentes de clubes. Junto con ellos también van a juicio el exvicegobernador bonaerense y coordinador del programa "Fútbol para Todos" Gabriel Mariotto; el ex presidente de San Lorenzo, Rafael Savino; el presidente de Defensa y Justicia José Lemme; y el ex secretario General del FPT, Miguel Ángel Silva.

Se suman Rubén Manuel Raposo, ex dirigente de Lanús; los ex dirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de Iveco.

En la misma resolución, fueron sobreseídos el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada dio por terminada la investigación y remite el expediente a un tribunal oral para un futuro juzgamiento, indicó la agencia NA.

La elevación a juicio había sido solicitada por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, y de esta forma ahora un Tribunal Oral quedará a cargo del expediente para realizar el juicio, que se presume no será antes del 2019.

La causa se originó en 2014 por una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña por el programa "Fútbol para Todos" iniciada en 2009 durante el kirchnerismo, y por el cual se destinaban fondos públicos a la manutención de la transmisión y sólo admitió durante la gran parte de su existencia un único auspiciante, la empresa Iveco.

"A lo largo de la instrucción puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos", sostuvo la jueza.

Es que en el estatuto del programa "Fútbol para Todos" se preveía la mejora económica de los clubes de fútbol pero al contrario, los pasivos de gran parte de los mismos aumentaron.

"Ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma", dijo la jueza en su fallo, quien durante la investigación dispuso una veeduría para controlar los fondos de dicho programa.

"Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada", dijo en otro párrafo de su resolución.