Elisa Carrió abrió otro frente de batalla en el gobierno con su denuncia penal contra importantes directivos de laboratorios nacionales. Si bien la presentación es aún un misterio puso en alerta la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y llega en un momento delicado para Mauricio Macri.
La causa estaría en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, amiga personal de la líder de la Coalición Cívica. Por algún motivo ni la magistrada ni la propia diputada han hecho pública la denuncia, que mantienen bajo siete llaves.
La salida de Mario Quintana del gabinete nacional enfureció a "Lilita". La diputada había establecido un excelente vínculo con el ex vicejefe de Gabinete, a quién calificó como el "mejor funcionario" de Cambiemos. Su admiración por el todavía dueño de Farmacity está relacionada con la negociación por la compra de medicamentos de PAMI.
La obra social de los jubilados es el mayor comprador de medicamentos del país y su cuota llega al 40% de las ventas anuales. A través de Gustavo Lopetegui, Quintana logró renegociar el sistema de compras del PAMI y reducir los montos que pagaba la obra social a los laboratorios por montos cercanos al 20%.
Pero además, entre otras cosas el acuerdo preveía que los precios se actualizarían con un máximo del 70% de la inflación. Los laboratorios lo aceptaron a regañadientes pero días después de que Quintana saliera del gabinete nacional, anunciaron que no podrían cumplir con el convenio porque la escalada inflacionaria lo había vuelto inviable.
Carrió estalló: acusó a las cámaras de "tratar de vaciar a un Presidente de sus personas más inteligentes" y adelantó: "Voy a denunciarlos por atentado al orden democrático porque fueron por Quintana". Además, la diputada recordó una charla que tuvo a los ocho años con el depuesto presidente Arturo Illia donde el fallecido mandatario le explicó que lo habían "volteado los laboratorios".
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"Lilita" cumplió su promesa y presentó una denuncia que recayó en una de sus juezas favoritas, María Romilda Servini. Si bien el escrito es un misterio trascendió que los acusados son algunos de los más importantes directivos de laboratorios argentinos, integrantes de Cilfa.
Según consigna Letra P los apuntados por Carrió son Isaías Drajer, presidente de Cilfa y el laboratorio Elea; Eduardo Macchiavello de Roemmers y vice de esa entidad, y a Alberto Álvarez Saavedra de Gador y también secretario de Cilfa.
Pero su objetivo sería Hugo Sigman, accionista de Elea y CEO del grupo Insud. El psiquiatra es uno de los empresarios más poderosos de la Argentina y junto a su esposa Silvia Gold son dueños de un imperio que incluye desde medicamentos hasta negocios industriales y periodísticos en Argentina, España, China y Suiza.
Los laboratorios fueron uno de los sectores que históricamente realizó millonarios aportes de campaña a favor de Cambiemos y de todos los partidos políticos y organizaciones como La Cámpora.
De cercana relación con Cristina Kirchner, Sigman también cultivó un estrecho vínculo con Macri y con su hermano de la vida, Nicolás Caputo. Por eso la pelea de Carrió con uno de los referentes del empresariado nacional suma tensión con la Casa Rosada.
LPO tuvo acceso a la declaración de Hugo Alconada Mon donde señala a Cilfa como uno de los grandes benefactores de Cambiemos para la campaña de 2015. Por ahora el juez de La Plata Ernesto Kreplak tiene una de las causas que investiga aportes "truchos" en la campaña de Cambiemos de 2017, pero el periodista de La Nación también habló sobre la campaña que llevó a Macri a la Presidencia.
En ese entonces numerosas empresas lograron saltar las barreras legales y donaron dinero al PRO bajo la excusa de "fortalecimiento institucional", un ítem que tiene muchas menos limitaciones que las donaciones para la campaña. En una cena en La Rural, Propuesta Republicana llegó a recaudar 120 millones de pesos. Esa investigación que un principio estaba direccionada a la Provincia por la falsificación de los aportantes podría volverse contra el propio Macri.
Desde la Casa Rosada anticiparon a LPO que no responderán a periodistas y que brindarán sus explicaciones en la Justicia en caso de ser convocados.
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Con todo estas denuncias no le estara abriendo la puerta a los laboratorios de EEUU y a nuevas leyes de propiedadad inteletual de los medicamentos.