El bloque justicialista del Senado intentará aprobar en noviembre una ley para habilitar el financiamiento de los partidos políticos y otra para regular los lobbys empresarios, como parte de la agenda de transparencia que diseñaron para llegar bien parados a las elecciones.

Se compone de leyes que ya fueron enviadas por el Gobierno a la Cámara de Diputados pero nunca se trataron por resistencia de la oposición e internas en Cambiemos.

Si prosperan en el Senado, Miguel Pichetto y sus laderos podrán decir que su bloque no se resiste a una agenda institucional del Gobierno, un reproche habitual que le llega desde la Casa Rosada.

Otro proyecto en carpeta, que no se llegaría a tratar este mes, es para regular la transición presidencial, similar al presentado por Macri ni bien asumió que nunca llegó al recinto de Diputados.

El PJ del Senado está apurado en aprobar una ley que regule aporte de campaña y otra de lobbys empresarios. Son proyectos que envió Macri a Diputados y se los cajonearon. 

El Gobierno recién envió a esa Cámara en agosto la ley para regular el financiamiento de la política, para sobrellevar el escándalo por los aportantes truchos en la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Pero a Elisa Carrió y a algunos diputados de la UCR no les convence habilitar aportes de empresas a las campañas y el macrista Pablo Tonelli nunca pudo reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutirlo.

Máximo Kirchner no sólo que lo rechaza, sino que propuso una ley para distribuir digital gratuita en internet, que se sume a los espacios radiales y televisivos sorteados antes de cada elección.

El proyecto de Pichetto y su par Dalmacio Mera permite donaciones de empresas privadas de hasta el 5% del total de sus ganancias netas por año calendario y de hasta el 15 por ciento en las campañas.

El del Gobierno la restringía a 2% de los gastos de un partido durante las campañas y en ambos casos se bancarizan todos los aportes.

Mera encabezó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para debatir el tema en el Senado, con visitas de especialistas en temas electorales que pidieron al unísono blanquear los aportes, pero con controles.

Muestra de que la negociación aún está en ciernes, el riojano Julio Martínez, la UCR, advirtió que los aportes privados les permitieron a los narcotraficantes influir en la política mexicana.

Los gobernadores peronistas lanzan una agenda de transparencia en el Senado 

Su correligionario Ángel Rozas presentó una ley para incorporar peritos auditores a las campañas; y Olga Brizuela y Doria y Silvia Elías de Pérez, también radicales, promueven un proyecto para limitar la cartelería electoral.

Nada es más polémico que el dinero de las campañas. "Estamos de acuerdo en que haya aportes privados porque la Constitución dice que el Estado contribuirá pero no sostendrá a los partidos políticos. Cuánto de público y cuánto de privado es un tema de ustedes", sostuvo Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral.

El magistrado enumeró deficiencias del sistema electoral por la superposición entre su tribunal y las justicias electorales provinciales, como irregularidades en padrones, un calendario electoral extenso ("No se alteraría la autonomía provincial por limitarlo", aseguró) o ausencia de rendición de cuentas.

Con esa experiencia, objetó la creación de un "Registro de Trazabilidad de los Aportes Electorales" en la AFIP, que forma parte del proyecto del PJ.

"Tenemos que defender la competencia electoral y para eso hay que darle autonomía para que resuelva las cuestiones técnicas. Recién después puede venir la justicia penal. El problema es que muchos jueces electorales piensan como penalistas", se quejó.

Antes de cerrar el debate, Mera anticipó que evaluará la incorporación de un Instituto electoral "que controle la vida de los partidos políticos", un viejo reclamo de su Dalla Vía y el otro camarista Santiago Corcuera, que no forma parte de estos proyectos. El modelo sería el Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

Con argumentos similares los expertos coincidieron en pedir una ley para regular los aportes proviados que no tiña de sospechas la próxima elección. "Gran parte del financiamiento proviene de fuentes hoy no permitidas: personas jurídicas y el uso de los recursos públicos", advirtió Julia Pomares, directora Ejecutiva de CIPPEC.

"El sólo financiamiento público es eludir el problema ya que eso obtura la aparición de nuevas fuerzas o a las fuerzas pequeñas. Cuando está clara la trazabilidad de los aportes, ese financiamiento no será ilícito ya que conoceremos particularmente a cada uno de esos aportantes", aportó la doctora Liliana De Riz, investigadora superior del Conicet.

"La clave del sistema debe ser la transparencia y que cualquier proyecto futuro de ley debe destacar que la información será veraz", Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional.

"No digo que no tiene que haber límites, sino que veamos lo que sucede. Prefiero que nos den un marco para tener mayor información sobre quién financia y cuánto financia. Las empresas no van a dejar de financiar las campañas", agregó Pablo Secchi, Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano.

"Es necesario que las instituciones políticas estén debidamente financiadas. Es una gran oportunidad para erradicar la mala política", cerró Juan Manuel Bacquer de IDEA. El debate continuará las próximas semanas. El peronismo lo quiere resolver rápido.