El Gobierno apura una ley para quitarle a los buscadores y redes sociales responsabilidad sobre los contenidos que distribuyen, aprobada hace dos años en el Senado y con riesgo de perder estado parlamentario si no se debate en Diputados.

Se trata de un viejo reclamo de Google y Facebook que nunca fue atendido por resistencia de la oposición de la Cámara baja, pero es impulsada por el propio presidente Macri, que en una visita a Silicon Valley le prometió a los ejecutivos de esos gigantes de internet, que su gobierno empujaría la sanción de la norma. 

El proyecto fue presentado por Federico Pinedo en el Senado y no necesitó ser justificado en el recinto, porque se aprobó a mano alzada y libro cerrado el 2 de noviembre de 2016, con el acuerdo del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, que este año estalló en ira cuando una granja de trolls usó su nombre para difamarlo por las redes.

"La verdad es que nadie me informó que estos órdenes del día se iban a votar sin debate", se molestó ese día la chubutense Norma Durango, entonces senadora del PJ y ahora en el bloque de Cristina Kirchner. Uno de esos proyectos era el que regula la "responsabilidad de proveedores de internet", que de sancionarse les permitiría no hacerse cargo de los contenidos publicados y distribuidos en sus plataformas, que explotan para vender publicidad, sin pagar nada a los medios que los producen.

La ley fue aprobada sin debate en el Senado y pierde estado parlamentario si no se debate antes de fin de año. Google y Facebook presionan y el Gobierno intenta contentarlos.

En la iniciativa, Pinedo identifica diferentes tipos de proveedores de servicios de internet (almacenamiento automático o temporal, de intermediación técnica; proveedores de acceso, transmisión, interconexión o direccionamiento;) y en todos los casos los exculpa del contenido publicado por "terceros".

Cualquier persona "que se sienta lesionada en sus derechos y garantías" podrá reclamar a un juez, que antes de exigir la eliminación de las publicaciones deberá verificar en detalle la supuesta ofensa que producen. Los culpables, en última instancia, serán siempre los responsables de las direcciones IP. 

El proyecto toma como referencia un fallo de la Corte de 2014, que absolvió a Google y no lo obligó a indemnizar a la modelo María Belén Rodríguez por la difusión de su imagen en un sitio web de ofertas sexuales.

En una votación dividida, el máximo tribunal consideró que responsabilizar a los buscadores sería como sancionar a una biblioteca "que a través de sus ficheros y catálogos, ha permitido la localización de un libro de contenido dañino, so pretexto que habría facilitado el daño".

"Es un error asociar a estas plataformas a la producción de información de medios gráficos. Estamos hablando de la garantía de libertad de expresión de los ciudadanos. Esta ley fue destacada por el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) y por la ONU", defendió la iniciativa en diálogo con LPO la diputada radical Karina Banfi, que presiona para sancionar la ley el mes que viene.

El Gobierno apura una ley para proteger a Google y Facebook 

En Europa no piensan así: Alemania sancionó una ley que prevé multas de hasta 50 millones de euros a Facebook y otras redes sociales por no borrar en 24 horas el contenido "manifiestamente ilegal".

La iniciativa va además en contra de toda la nueva regulación que se está dando en el mundo, donde los países empiezan a proteger a sus medios -resorte básico de las democracias- del abuso de Google, Facebook y otros gigantes de internet que listan sus contenidos y con eso generan tráfico que explotan publicitariamente, sin pagar nada a los medios que lo producen. De nuevo, en Europa se da la legislación mas avanzada que obligó a estas multinacionales a compartir con los medios parte de lo facturado. En Estados Unidos, también hubo acuerdos similares, por ejemplo con el New York Times que había prohibido a Google listar sus contenidos.

En la Argentina, por el contrario no sólo no se les exige compartir las ganancias de las publicidades que acompañan links de medios, sino que Cambiemos quiere incluso darles indemnidad por eventuales reclamos por esos contenidos.

"La diferencia crucial es el plazo. Con una ley como la alemana las compañías se cuidan mucho más, mientras que con este proyecto cuando el juez termina de peritar y toma una decisión la difamación está consumada y Google y Facebook no tienen ninguna responsabilidad", explicó a LPO un diputado peronista que se resiste a aprobar el texto escrito por Pinedo.

El monto de las multas no es un dato menor por tratarse de compañías millonarias que no tienen problemas en afrontar costas bajas y tardías si les garantizan su cuantioso negocio.

En su visita al Senado, para exponer sobre un proyecto de protección de identidad, los ejecutivos de Twitter y Facebook se escudaron en las condiciones que aceptan los usuarios para navegar en las redes y con el mismo argumento intentan desligarse de cualquier denuncia por difamación.

"Europa tiene una legislación mucho más restrictiva que América Latina, donde se entendió que para fortalecer la democracia no se puede crear una norma que restrinja la libertad de expresión en forma directa o indirecta", se defendió Banfi, que trabajó estos temas en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los principales detractores de la ley son las sociedades de autores y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que hace hincapié en un dato inexistente en 2006, cuando Belén Rodríguez llevó a Google a Tribunales: el peso de estos buscadores en la torta publicitaria, pública y privada.

Lo consiguieron garantizando a anunciantes y gobiernos la llegada bien segmentada a sus usuarios, identificados por haber accedido a contenidos distribuidos en las plataformas. O sea, los posteos, aun cuando se trate de noticias falsas, son la materia prima de su negocio, pero el efecto que producen le incumbe a "terceros" en discordia. 

El diputado Juan Brügge.

DyN

En función de ese poder, Juan Brügge, diputado de Argentina Federal y presidente de la Comisión de Comunicación, presentó en mayo un proyecto de ley que crea el fuero "sobre derecho informático y de la comunicación digital", con responsabilidades compartidas para toda la nueva cadena de valor.

En uno de sus artículos habilita a presentar medidas cautelares a personas afectadas por contenidos digitales efectuados por "plataformas de Internet, sitios web y/o motores de búsquedas y redes sociales, o cualquier tipo de comunicaciones electrónicas". O sea, nadie queda exculpado.

Los ejecutivos de las redes sociales parecen llevarse mejor con el Senado, donde consiguieron aprobar esta ley hace dos años y lo visitaron hace dos meses sin mayores contratiempos. 

Semana negra para Zuckerberg: Estados Unidos empieza a ajustar el cerco regulatorio sobre Facebook

En abril, los representantes de Facebook ignoraron las citaciones de los diputados opositores para precisar los alcances que tuvo en el país el escándalo mundial por el robo de datos mediante la aplicación de la consultora inglesa Cambridge Analytica, que obligó a su CEO a Mark Zuckerberg a comparecer en el Congreso de Estados Unidos.

Según supo LPO, sólo por vías informales, los delegados argentinos de la red social se comprometieron a asesorar a las 61 personas que habrían bajado la aplicación en el país y provocado un prejuicio a otras 145 mil. Pero nunca dieron la cara y ahora tal vez Diputados cierre el año con una ley para protegerlos.