El presidente de España Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias alcanzaron un acuerdo para cerrar un Presupuesto 2019 que tendrá una serie de medidas que apuntan a reducir las tarifas eléctricas y combatir "la pobreza energética".
Tras una reunión que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa, los lÃderes de las principales fuerzas de la izquierda española coincidieron en "la preocupante evolución del precio de la electricidad y su efecto sobre los ciudadanos" durante los últimos años que se buscarán revertir en base a un conjunto de normativas.
La situación tarifaria es uno de los principales ejes de discusión del nuevo presupuesto español, coincidiendo sorprendentemente con la coyuntura Argentina. Sucede que la pobreza energética -personas que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de luz y gas- se ha convertido en un serio problema en todo el viejo continente reconocido por la Comisión Europea.
Para ello, el acuerdo de Sánchez e Iglesias fijará un lÃmite en el precio que cobran las centrales hidroeléctricas y nucleares por considerar que ya han amortizado sus costos de inversión a partir de la antigüedad que poseen. De lo contrario, el gobierno socialista sostiene que estarÃan recibiendo una "sobre retribución".
En segundo término, se revisarán los "pagos por capacidad" que reciben las centrales eléctricas a base de gas natural, que como suelen utilizarse únicamente en el caso de que las fuentes renovables no permitan cubrir la demanda, se acostumbra a sobre remunerarlas en base a su potencia y no por la electricidad generada. De acuerdo a Greenpeace, estos pagos han tenido un costo de 800 millones de euros anuales.
A su vez, reducirán el peso de los cargos fijos por potencia en las facturas eléctricas que generaban incrementos en las boletas independientemente del consumo. De esta manera, el objetivo del nuevo gobierno español es aplicar aumentos en el precio de los kilovatios de acuerdo al consumo realizado. AsÃ, un consumo mÃnimo se volverÃa muy económico y un derroche energético serÃa penalizado severamente.
El acuerdo también prevé un fondo de 50 millones de euros para la lucha contra la pobreza energética y una reforma profunda del bono social eléctrico. A partir de ahora, este bono incluirá también el consumo de gas y su único requisito para ser beneficiario será la renta per cápita del hogar.
Dado que Sánchez no cuenta con mayorÃa propia -incluso con el apoyo de Podemos- y necesita llegar a 176 votos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se dispuso a rebajar la tarifa eléctrica de la industria vasca para contar con el apoyo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
"Presupuesto irresponsable y suicida"
Más allá de la cuestión energética, el acuerdo entre Sánchez e Iglesias contempla una serie de medidas sociales como el aumento del salario mÃnimo de 850 a 900 euros, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y un aumento presupuestario para un plan estatal de vivienda que regule los precios de los alquileres.
Lógicamente, esto traerá aparejado un fuerte incremento en el gasto público -que calculan en torno a los 6.000 millones de euros adicionales-, cosa que fue rechazada rotundamente por el conservador Partido Popular (PP).
"Es un Presupuesto imposible, irresponsable y suicida para el futuro de España. Con Podemos dirigiendo la polÃtica económica en pocos años estaremos como en Venezuela pasando hambre", advirtió el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó.
Como contrapartida, los socialistas impulsarán una suba de varios componentes impositivos a fin de mantener el superávit fiscal con el que se han comprometido con Bruselas. Se elevarán los gravámenes al diésel, a la banca y a las petroleras en un 18%, a las grandes empresas en un 15%, se subirá en cuatro puntos los tributos a las grandes fortunas (hasta un 49%) y se creará un impuesto sobre las transacciones financieras del 0,2%, entre otras cosas.
En el mercado calificaron la medida como "un sablazo fiscal histórico" y la bolsa llegó a tener una contracción que rozó el 2%.
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Lo que se vende como política social, resulta que es la parte ilegal, ( si la sentencia del TJUE, así lo dictaminara), que viene cobrando como impuesto a la producción desde el 2012. Es decir, se anuncia como logro politico lo que bien pudiera ser un abuso continuado, si fuere el caso del futuro pronunciamiento del TJUE.
Al coleta lo asesoro Cristina hace poco cuando vino al pais. Quiere p.e. proponer un impuesto a las transacciones bancarias, suena parecido verdad