La Suprema Corte de Justicia de México analiza la creación de la llamada Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa, una serie de episodios violentos ocurridos en 2014 que significó la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala. El caso dejó al gobierno de Enrique Peña Nieto sumido en un escándalo político del cual nunca pudo recuperarse.

Los primeros intercambios en el máximo tribunal indican que se va a confirmar lo dicho por el tribunal federal del estado de Tamaulipas, el primero en ordenar una revisión de las desapariciones.

En este sentido se viene trabajando el presidente de la corte mexicana, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. La idea del magistrado sería la de avalar la Comisión de la Verdad pero establecer una serie de límites y pautas para su funcionamiento.

Un dato sobre el cambio que atraviesa el país: los ministros de la Corte están preocupados por el tratamiento que tendrían de parte de la comisión los altos mandos militares y responsables de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no reviste tensión alguna las responsabilidades sobre la política.

Claramente hay algo en el desesperado cabildeo de Humberto Castillejos, el ex consejero jurídico de Peña Nieto y con influencia en la residencia presidencial de Los Pinos. Algunas versiones dan cuenta que su capacidad de negociación ya no es la que supo ser en otros momentos.

Mientras tanto, existe un enigma que gana fuerza en los pasillos del tribunal: Una vez creada la comisión, ¿Hasta qué punto va a estar complicado Peña Nieto y parte de su staff directo? Resurgen entonces los errores del gobierno y los más complicados parecen ser Jesús Murillo Karám y Tomás Zerón. "Obviamente, desde ya deberán prepararse", anticipa un hombre que recorre regularmente los pasillos de la Corte.

En el caso de Murillo Karám, mes y medio después de la desaparición de los normalistas, el entonces procurador pretendió cerrar el caso anunciando su llamada "verdad histórica", según la cual los estudiantes habían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. Esa afirmación fue desmentida apenas cuatro días después por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En tanto, Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) está acusado por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de alterar evidencias del caso en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, para ?fabricar' la llamada "verdad histórica".

Luis María Aguilar Morales con padres de los normalistas desaparecidos.

La semana pasada el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos y varios de los familiares dejaron el edificio de Pino Suárez con una marcada expresión de triunfo. La comunicación oficial solo dice que Aguilar prometió "celeridad" en la definición.

Los ministros más renuentes a la Comisión como Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora serían flexibles no solo como un gesto hacia la nueva administración sino también por un calculo inevitable: la comisiones que se habrán de crear para investigar al próximo gobierno y que también serán ordenadas por tribunales de circuito.

El caso por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, sacudió a todo el país y recorrió los medios del mundo. Los jóvenes habían tomado una serie de autobuses para viajar a Iguala con planes de ir hasta Ciudad de México para la marcha anual del 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco de 1968.

Pero los normalistas nunca llegaron más allá de Iguala. Fueron interceptados por las autoridades en circunstancias nunca esclarecidas, aunque se sospecha que los policías involucrados estaban asociados con un grupo criminal local, Guerreros Unidos. Una investigación indica que las detenciones podrían deberse a que en uno de los autobuses tomados por los estudiantes había drogas de un grupo rival del narcotráfico sin que los normalistas lo supieran, pero esto no ha sido confirmado.

Sin embargo, investigaciones independientes posteriores, entre ellas la de expertos internacionales enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmintieron varias afirmaciones de las autoridades -entre ellas la de la incineración de los cuerpos en el basurero-, y hallaron indicios de posible tortura de sospechosos y un mal manejo de las evidencias.

La misma Procuradoría de México reconoció en un informe interno estas falencias, que llevaron en parte a la renuncia del responsable del caso, pero cuando el texto se hizo público las partes autocríticas habían sido eliminadas del documento.