El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, confirmó que se sumará al paro nacional de la CGT por lo que el próximo martes no habrá transporte público, lo que garantiza la efectividad de la medida.

Fiel a su estilo, Fernández ratificó a última hora que se suma. "Lamentablemente, esta situación cada vez se complica más. No hay diálogo, no hay franqueza en el diálogo, y eso nos lleva a una medida de fuerza", declaró el sindicalista en radio Mitre.

El líder de los colectiveros suele generar nerviosismo entre sus pares de la central obrera cuando no confirma ni descarta su adhesión a las huelgas, ya que se sabe que es el único dirigente que tiene la llave para garantizar el éxito de las protestas. Con los colectivos en las calles, los empleados pueden llegar a sus lugares de trabajo y el paro pierde potencia.

En la CGT todos recuerdan los paros en los que el líder de la UTA avisó a último momento que no se sumaba y las medidas perdieron sentido. Lo hizo en diciembre pasado cuando no aceptó la protesta contra la reforma previsional y el paro no tuvo efecto. Los trabajadores del gremio de Fernández dependen fuertemente de los subsidios del Estado por lo que su predisposición a reclamar contra los gobiernos suele ser menor que la de sus colegas.

Además de los colectivos de corta, media y larga distancia, la adhesión de la UTA garantiza que no habrá subterráneos (que igualmente estarían afectados por la adhesión de los metrodelegados) ni combis. Fernández también avisó que están reclamando una mejora salarial para los choferes de larga distancia y podría haber más medidas de fuerza en esa rama.

La otra adhesión clave al paro es la de los ferroviarios que garantizan que no haya trenes en el área metropolitana. Los dos gremios mayoritarios del sector, La Fraternidad y Unión Ferroviaria, adhieren.

Con este panorama, en el área metropolitan a sólo funcionarán algunos taxis como sucedió en la huelga de junio pasado. De todos modos, el gremio mayoritario del sector, que lidera Omar Viviani, confirmó su adhsión.

Tampoco habrá vuelos, bancos, recolección de residuos ni actividad portuaria