La causa por los supuestos falsos aportes en la campaña de Cambiemos es objeto de una feroz pulseada entre tres jueces federales que buscan el control de los expedientes.

El Juez Federal de La Plata, Adolfo Ziulu (el único magistrado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires), viene solicitando a sus pares Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak centralizar todas las causas.

Ziulu argumenta su pedido asegurando que su juzgado es el único fuero especializado "que tiene por fin último resguardar el sistema republicano y democrático estatuido".

Pero lo cierto es que la jugada de Ziulu tiene un ribete político. Es que cuando el caso de los aportantes truchos explotó en los medios los apoderados del PRO se reunieron con ese magistrado y pidieron por escrito que las causas se sustancien en el fuero con competencia electoral.

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Sucede que los si las causas van al fuero electoral, a los responsables de la campaña de Cambiemos solo les cabría sanciones partidarias y no penales.

Desde el pedido de los apoderados del PRO, Ziulu viene reclamando a Kreplak y Casanello "pedidos de inhibición para actuar" y que sus pares le giren los expedientes.

Esta mañana, Kreplak, rechazó un nuevo pedido de Ziulú y pidió mantener la competencia en su fuero. El juez pide a Ziulu que le reconozca su competencia o que la "de por trabada" y que remita la causa a la Cámara de Apelaciones y no a la Cámara Electoral como plateaba el magistrado electoral. Ese punto abre un escenario de conflicto que amenaza con terminar en la Corte Suprema.

Para Kreplak los interrogantes que se plantean en la causa "involucran como hipótesis la comisión de diversos tipos penales previstos a priori por el Código Penal. Esto es, ajenos en principio a la legislación específicamente electoral y, por ende, a la competencia del juez electoral".

La semana pasada, Casanello había hecho lo propio: a través de un fallo, rechazó el pedido de Ziulu argumentando que su investigación apunta a la posible comisión de un delito penal y no electoral.

El juez federal aseguró que "estamos en presencia de procesos de distinta procedencia", puesto que su investigación apunta a la posible comisión de delitos penales, tales como el lavado de dinero, mientras que el expediente que tramita Ziulu analiza la posible lesión de la Ley de Financiamiento Electoral.

"Para que quede claro: este juzgado no discute ni disputa la atribución de la justicia federal electoral de revisar las cuentas y aplicar las sanciones previstas para quienes de algún modo infrinjan el régimen de financiamiento de los partidos políticos o sus campañas electorales", sostuvo Casanello en su fallo, para agregar que "lo que estamos defendiendo es la competencia para juzgar delitos que no son de competencia electoral".

El escándalo surgió de los falsos aportantes a la campaña de Cambiemos surgió a partir de una investigación periodística, que comprobó la existencia de cientos de aportantes "truchos", en su mayoría personas de bajos recursos, beneficiarios de planes sociales, que negaron su participación.

Los aportes van desde $ 300 a $ 1.500, y se estima que en total las irregularidades superarían el millón de pesos, si se suma -como lo determinó una pericia judicial- la participación de empresas privadas a través de la inscripción irregular de empleados y directivos.

El caso cobró un mayor volumen político cuando varios ex candidatos aseguraron no haber realizado aportes, pese a figurar en los registros. Entre ellos se cuenta al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo.

Para el gobierno de María Eugenia Vidal, el caso significó un fuerte golpe y fue la propia Gobernadora quien anunció la salida de María Fernanda Inza del Gobierno, a cinco días de haber jurado como contadora general. Inza es la apoderada del PRO y una de las personas de mayor confianza de Vidal.