El PJ bonaerense se reunió en Merlo para definir una posición en el cierre de una semana frenética para la economía del país. El partido emitió un documento en el cual alerta ante la posibilidad de hiperinflación y desabastecimiento y define cuatro emergencias principales: alimentaria, sanitaria, laboral y educativa.

En el texto, el peronismo expresó su preocupación por "el duro golpe que el mercado financiero le está propinando al Gobierno", al tiempo que propuso reactivar una serie de medidas para salir de la crisis, entre ellas varias ya vetadas por el Ejecutivo.

Originalmente el PJ tenía planificada para hoy la reunión mensual del consejo partidario que se iba a realizar en Capitán Sarmiento. Sin embargo, ente el contexto de crisis decidieron avanzar en un encuentro de emergencia en Merlo.

Estuvieron el presidente del partido, Gustavo Mendéndez, y el vice presidente, Fernando Gray, como representantes del peronismo dialoguista. Además se sumaron representantes del kirchnerismo duro, quizás más reacio a participar de las reuniones del partido. Se pudo ver a las jefas de los bloques de Unidad Ciudadana en la Legislatura bonaerense: Teresa García (Senado) y Florencia Saintout (Diputados). 

También pudo verse a los dirigentes gremiales Hugo Moyano (Camioneros), Omar Planini (Canillitas), Ricardo Pignanelli (Smata) y Abel Forlán (UOM-Zárate). Además se vio a Felipe Solá y el intendente de Tigre, Julio Zamora.

La reunión se hizo a puertas cerradas en La Colonial, la quinta recreativa del municipio que comanda Menéndez.

Entre los puntos del documento, se destaca un pedido al gobierno para que declare la emergencia alimentaria y sanitaria. En el texto solicitan que se asegure "el acceso a los alimentos, los medicamentos e insumos hospitalarios de primera necesidad".

También exigen retrotraer las tarifas de los servicios públicos al 1° de diciembre de 2017 de acuerdo con la ley 27.743 sancionada por el Congreso Nacional y vetada por Mauricio Macri. A eso le incluyen además la revisión y desdolarización de los precios de los combustibles.

Además suman la emergencia laboral y piden crear un régimen especial tarifario para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y pequeños comercios, fundamentalmente para asegurar la actividad y el empleo. En el documento agregan la necesidad de reflotar la ley antidespidos vetada por el Presidente en mayo de 2016.

También exigen la restitución del Fondo Sojero que asiste a todos los municipios del país y permite paliar urgencias de la población y frenar el desfinanciamiento de la educación pública y garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos en toda la provincia de Buenos Aires.