El Gobierno nacional trabaja a contrarreloj para evitar que se caigan los contratos de Participación Público-Privada (PPP), seriamente afectados por la "tormenta" financiera que disparó las tasas de interés y por el escándalo de los cuadernos de las coimas que involucran a varias de las empresas que ganaron la licitación para obras en los corredores viales.

Como se sabe, la Rosada apuesta a los PPP para sostener mínimamente el nivel de la obra pública el año próximo, donde la necesidad de cumplir la meta fiscal acordada con el FMI obligarán a un feroz recorte en los fondos para infraestructura. Estos contratos son la mayor esperanza para mantener la actividad y también para no seguir demorando obras clave como el tren a Vaca Muerta.

El primer problema es que la corrida cambiaria y la desconfianza de los mercados hacia el gobierno de Macri dispararon el riesgo país y, con ello, la tasa de interés que le cobran al país. Actualmente, salir al mercado implicaría pagar una tasa muy alta, en torno a los diez puntos.

En el caso de los PPP, por los particularidades mismas de este tipo de contrato, se sabía de antemano que los préstamos serían unos 300 puntos básicos más de lo que paga el Estado. Es decir que actualmente el endeudamiento estaría -en el mejor de los casos- alrededor del 13 por ciento, una tasa descomunal similar a las que el kirchnerismo le pagaba a Venezuela. Cabe recordar que la oposición ya había puesto la mira en este punto de los contratos PPP, cuando la tasa estaba en 11 por ciento.

Pero el problema nuevo es que el caso de los cuadernos generó pánico entre los bancos y fondos de inversión que habían acordado la financiación de los PPP y ahora temen terminar enredados con empresas salpicadas o directamente implicadas en casos de corrupción.

Como explicó LPO,  los bancos realizan una evaluación integral de los clientes antes de determinar los préstamos. Una de las etapas más importantes de la evaluación es el "compliance". En esa área se buscan todos los antecedentes jurídicos o implicaciones penales que puedan tener los clientes. "Si hay algún riesgo, se rechaza y es muy difícil que las empresas logren el financiamiento porque pueden arrastrar al banco", explicó una fuente.

Ante esta situación, desde el Gobierno están trabajando para evitar que los bancos y fondos de inversión no se bajen del financiamiento, tratando de ofrecerles garantías. Fuentes de la Rosada admitieron a LPO que hay preocupación concreta sobre al menos cuatro de los seis proyectos y analizan soluciones posibles, que van desde forzar las renuncias de los directivos implicados hasta separar a empresas de las UTE. Incluso, analizan la posibilidad de desplazar a las UTE completa, algo que desde las empresas aseguran que no es posible.

En el Gobierno mencionan que uno de los casos en riesgo es el de Eduardo Eurnekian. El dueño de Corporación América se adjudicó dos contratos, pero luego su situación se complicó cuando su sobrino Hugo admitió ante el fiscal Stornelli que hizo pagos a Roberto Baratta para la campaña del kirchnerismo, a pesar de que no aparecía en los cuadernos. 

En el grupo empresario aseguran que Hugo Eurnekian no está vinculado a Helport, la constructora del holding que se quedó con los contratos de PPP. Por lo tanto, se desligan de cualquier riesgo. Desde la UTE que se adjudicó los contratos dijeron a LPO que no hay ninguna chance de que se bajen o que los corran. "No hay posibilidad legal de que se cambie una persona jurídica por otra. Tampoco pueden sacar a toda una UTE porque deberían licitar de nuevo todos los corredores", explicaron.

Desde las empresas, sí admiten la posibilidad de que les aumenten la tasa de interés aunque no que los bancos o fondos de inversión se bajen. "Todas las UTE tienen firmado el compromiso de los bancos. Sin ese compromiso no se podía participar de la licitación", indicaron.

Además de Eurnekian, en el escándalo de los cuadernos quedaron salpicados otras dos empresas, Vial Agro SA y José Cartellone Construcciones, mencionadas por el "arrepentido" Carlos Wagner. Vial Agro participa en la UTE que realizará las obras en el corredor A y Cartellone ganó el C. En este último caso, la empresa del mendocino sufrió un revés con la decisión del grupo financiero Nomura de retirarle el financiamiento porque no habría pasado el compliance. 

En una situación similar está Rovella Carranza, que se adjudicó el corredor Sur. En ese caso, el banco Goldman Sachs habría amagado con correrse pero terminó aceptando firmar un compromiso aunque se cubrirá con varias cláusulas que le permitirán retirarse ante cualquier problema.

En este contexto, la apuesta principal del Gobierno es darle garantías a los bancos para que no se bajen, pero también otras opciones. La principal es -como anticipó LPO- lograr que China salga al rescate, como en los últimos años del kirchnerismo. El gigante asiático subsidia los créditos a sus empresas, por lo que la tasa bajaría considerablemente. Pero para eso firmas chinas tendrían que ingresar a las UTE.

Solamente una empresa china ganó un contrato: CCA Panamá. Junto a Green SA, que se quedaron con las obras en el corredor B, aunque habían presentado para otros tres. En el Gobierno creen que es una posibilidad ofrecerle que ingresen a alguno de esos contratos que no obtuvieron. Desde las empresas explicaron que la posibilidad legal sería que se sume a alguna de las otras UTE.