El gobierno porteño modificará la Ley de Estacionamiento medido para salir del embrollo judicial que impide implementar el sistema. La afectación de los predios motivó un fallo de primera instancia donde el juez Francisco Ferrer determinó que 3 artículos de la ley de Estacionamiento Medido debieron aprobarse con doble lectura y trabó la licitación que estaba en su etapa final.

Por eso desde el Ejecutivo buscaron salvar la normativa, que en oficialismo confían en aprobar el expediente con doble lectura pero 31 votos en vez de 40.

"Este proyecto obedeciendo al espíritu con el que fue sancionada la Ley N° 5.728 resalta que las playas de remisión de vehículos en infracción son del dominio de la Ciudad durante todo el plazo del contrato de concesión", se explica en los fundamentos del proyecto.

"La afectación de los predios por parte del GCABA es instrumental a la eficiente prestación del servicio público constituyendo una mera autorización a favor del concesionario para destino de los vehículos en infracción", agregan. En el concepto "instrumental" está la clave: el predio es imprescindible para la prestación del servicio pero nunca deja de pertenecer al Estado.

Desde el gobierno porteño comentaron que "no se introdujo ningún cambio sustancial" y los cambios son "meramente aclaratorios". El proyecto será analizado por la Comisión de Tránsito y Transporte que conduce Cristina García.

El contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido está vencido desde el año 2001 y fue prorrogado en varias oportunidades Las empresas que operan las grúas son STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), que pagan un canon de $100 mil entre ambas.

La licitación de las terminales multiservicio que funcionarán como perquímetro están en la etapa de pre adjudicación mientras que para el acarreo aún no se abrieron los sobres.

La ley preveía que si 18 meses después de sancionada la normativa no estaban resueltas las licitaciones el Estado debía tomar a su cargo el servicio. Ese plazo venció hace dos semanas pero en el gobierno argumentan que mientras estaba vigente la cautelar el plazo no corrió y todavía están a tiempo de concesionar el estacionamiento.

Sin embargo y para evitar cualquier conflicto en la iniciativa piden una prórroga de 6 meses para aplicar la ley. Y agregan otro predio, en Conesa y Concepción Arenal, a los ya previstos.

"Siempre dicen que no se tienen que meter con lo que esta en la Justicia  y ahora quieren cambiar una ley que fue declarada nula", rechazó un legislador opositor que no acompañará el proyecto.