La posibilidad concreta de que el Gobierno nacional le traspase a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires el control de Edesur y Edenor genera preocupación entre los inversores de las empresas eléctricas, donde advierten que se trata de una operación muy compleja en lo técnico y que no implica ningún ahorro para el Estado.

La mayor incertidumbre está entre los inversores extranjeros de las distribuidoras eléctricas (Edesur está controlada por la italiana Enel y el fondo de Joe Lewis está asociado a Pampa, que controla Edenor), sorprendidos por la posibilidad de un nuevo cambio súbito en el sector energético argentino.

Es que en las empresas están más que conformes con el esquema ideado por Juan José Aranguren para normalizar las tarifas y eliminar subsidios. El ex ministro puso en marcha la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que está atada a un plan de inversiones para el período 2017-2021 por unos 47 mil millones de pesos entre ambas compañías eléctricas.

Lo que dicen los inversores es que ante un escenario que por primera vez en mucho tiempo parece normalizado, ahora vuelve la incertidumbre por la posibilidad del traspaso a la órbita de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. La primera pregunta que se hacen en las empresas es qué pasará con la RTI, que fue acordada con el ENRE que ahora dejaría de tener injerencia. Por supuesto, quieren tener garantía de cumplimiento.

Al respecto, el primer problema que avizoran en las distribuidoras es que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires debería crearse un nuevo organismo de control, mientras que tienen dudas de que el ente bonaerense (Oceba) tenga capacidad para monitorear el servicio también en el área que se traspasaría, el Conurbano.

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Respecto a la complejidad técnica que las empresas ven para concretar el traslado está la cuestión del transporte de la energía. En principio el costo del transporte está absorbido por las distribuidoras bajo el paraguas del ENRE. En el caso de que el servicio se transfiera a CABA y PBA, habría que crear dos empresas de transporte.

También las compañías deberían resolver complejidades técnicas como ser que en muchos casos la distribución de la energía está cruzada entre estaciones ubicadas en capital y provincia, porque el servicio del área metropolitana está integrado. Por ejemplo, puede suceder que una estación de alta tensión ubicada en la Ciudad envía la energía a una de media en Provincia y ésta a viviendas porteñas.

Por otro lado, en Edesur y Edenor dicen que el traspaso puede terminar provocando como primera consecuencia que la tarifa de luz que se paga en el Conurbano sea mucho más que la de la Ciudad (hoy están balanceadas), lo contrario a lo que el Gobierno dice pretender. Es que al haber en Capital una gran concentración de la población el manejo es más eficiente, mientras que en el Gran Buenos Aires la infraestructura necesaria es mucho mayor por las distancias y la mayor cantidad de viviendas.

Finalmente, uno de los argumentos que utilizan para rechazar el traspaso es que el Estado nacional no tendrá un ahorro significativo porque gracias a la revisión tarifaria los subsidios van camino a reducirse completamente, y hoy en día lo que se subsidia es la generación que paga Cammesa.

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Aunque la idea es no ir al choque contra el Gobierno, en las distribuidoras aclaran que sus abogados están estudiando al detalle el posible traspaso y los posibles incumplimientos de los contratos. Lo que dicen es que esos contratos son una concesión de carácter nacional que ahora se transfiere y ante un eventual cambio de reglas fuerte, lo van a impugnar.

En el Gobierno nacional, en tanto, no tienen idea de cómo se realizaría el posible traspaso y admiten que no hay estudios serios sobre la idea. En el oficialismo admiten que el tema nació por una picardía de Juan Schiaretti para centrar la discusión por el ajuste en este tema y sacar del eje la discusión por la distribución de fondos a las provincias. El tema para la Rosada es que ahora las empresas piden explicaciones claras. La semana próxima el ministro Javier Iguacel recibirá a los representantes de las compañías.