Estacionamiento
Un fallo judicial volvió a complicar el servicio de acarreo porteño
Un juez determinó que la ley que permite extender los parquímetros debió votarse con doble lectura. Apelarán.

 Un fallo judicial de primera instancia complica el servicio de acarreo de la Ciudad. El magistrado Francisco Ferrer determinó que 3 artículos de la ley de Estacionamiento Medido debieron aprobarse con doble lectura y trabó la licitación que estaba en su etapa final.

El gobierno porteño apelará la medida pero parece difícil que en octubre las grúas capitalinas estén en funcionamiento como pretendía Horacio Rodríguez Larreta. "En 2014 hubo un caso similar por estacionamiento medido y la cámara de apelación nos dio la razón", se esperanzaron en la Secretaría de Transporte a Cargo de Juan José Mendez.

"Cabe concluir que debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura", expresó Ferrer en los fundamentos de la sentencia. "Estas leyes toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público de la Ciudad, por un plazo que supera los cinco años, debieron haber contado, para su sanción, con la mayoría agravada", es decir 40 votos, completó el juez.

La normativa se aprobó con mayoría simple a fines de 2016 pero desde la oposición cuestionaron que ante la cesión de espacios públicos a privados la ley debió tener una mayoría agravada y Gustavo Vera presentó un amparo para frenar la licitación.

El contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido está vencido desde el año 2001 y fue prorrogado en varias oportunidades Las empresas que operan las grúas son STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), que pagan un canon de $100 mil entre ambas.

La licitación de las terminales multiservicio que funcionarán como perquímetro están en la etapa de pre adjudicación mientras que para el acarreo aún no se abrieron los sobres.

La ley preveía que si 18 meses después de sancionada la normativa no estaban resueltas las licitaciones el Estado debía tomar a su cargo el servicio. Ese plazo venció hace dos semanas pero en el gobierno argumentan que mientras estaba vigente la cautelar el plazo no corrió y todavía están a tiempo de concesionar el estacionamiento.

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