Horacio Rodríguez Larreta ralentizará la construcción de la nueva Autopista Illia por el ajuste en obra pública que decidió el gobierno nacional. Además la implementación del estacionamiento medido pasará para el año próximo. Mañana la Legislatura votará la baja de Ingresos Brutos para luz y agua.

LPO publicó el pasado sábado que las principales obras en de la Ciudad estaban a salvo de la tijera de Nicolás Dujovne. El Paseo del Bajo, los aliviadores del Vega y la urbanización de la Villa 31 cuentan con financiamiento externo y seguirán su curso.

Sin embargo, y como parte de un acuerdo con Casa Rosada, la Ciudad se comprometió a rebajar Ingresos Brutos de las boletas de agua y gas hasta fin de año y además repartirán 5 millones de lamparitas LED. El costo para las arcas porteñas será de $1500 millones.

La Illia tenía un valor proyectado de $1700 millones y la intención del gobierno porteño era tenerla lista para fines de 2018, algo que no sucederá. Como anticipó LPO para la vieja traza el Ejecutivo había diseñado un parque lineal al estilo de la High Line de Nueva York que será en altura a lo largo de 600 metros y las obras comenzarán una vez terminada la Nueva Illia.

Respecto al estacionamiento medido que iba a implementarse en 10 mil de las 24 mil calles de la Ciudad pasará para el año siguiente. O al 2020: se trata de una de las medidas más impopulares del gobierno larretista y posiblemente en la jefatura de gobierno eviten esos malos tragos en un año electoral.

Eliminan ingresos brutos. Este jueves se definirá en la Legislatura el proyecto de la oposición para limitar los tarifazos y se aprobará la eximición para el 2018 del pago de ingresos en las boletas de gas y aguas corrientes. "La presente exención solo será procedente, si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios", puede leerse en el texto.

De todos modos la licitación de las máquinas está trabada en la Justicia desde el año pasado. La normativa que permitía la instalación de parquímetros se aprobó con mayoría simple a fines de 2016 pero desde la oposición cuestionaron que ante la cesión de espacios públicos a privados la ley debió tener una mayoría agravada.

"Es un gasto pero al mismo tiempo nos sirve para recaudar, de todas maneras la inversión inicial es importante", reconocieron. El costo de las dos mil máquinas que debe comprar el gobierno asciende a más de $300 millones, una cifra que en el gobierno prefieren destinar a otras áreas.

"No se trata de un ahorro ni un ajuste, las obras las vamos a hacer pero van a llevar más tiempo. Será una obra menos para inaugurar", se lamentaron en el Ejecutivo.