El juez federal Sebastián Ramos procesó por abuso de autoridad a un ex alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación por la supuesta protección que le habría dado a la firma Farmacity, empresa que fundó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El procesamiento fue dictado sobre Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud, quien fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Según la denuncia, el funcionario demoró y se negó a sancionar a la cadena Farmacity.

Desde el ministerio de Salud aseguraron a LPO que no habrá respuesta oficial sobre el procesamiento.

El procesamiento se suma a la cadena de conflictos que rodean a Farmacity, que ya comenzaron a repercutir puertas adentro de Cambiemos.

La semana pasada, la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, dos días después de que Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía. El detalle es que Quintana no dijo cuando lo vendería, de manera que una vez confirmado el ingreso de Farmacity al mayor mercado del país, su valor se multiplicará varias veces y el vicejefe embolsará una suma muy superior a la que recibiría antes del fallo.

Esto generó un previsible escándalo político que impactó en Cambiemos. Concejales radicales de Zárate, que responden al vicegobernador Daniel Salvador, salieron en defensa de las farmacias locales y chocaron con los concejales del PRO.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución. El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

Inicialmente, la denuncia la hizo la Confederación Farmacéutica Argentina de la mano de su titular, María Isabel Reinoso, en base a la parálisis de un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014.

En una inspección en el local de Farmacity ubicado en la avenida Córdoba 1861, se había detectado "un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional y emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación".

Además, el denunciante refirió que se habrían dispuesto "reservas" de otros sumarios instruidos contra Farmaciy sobre los mismos hechos. En 2015, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15, en el cual señaló que se debían aplicar dos multas por un total de 60.500 pesos contra Farmacity.

Una vez que Macri llegó al Gobierno y Quintana formó parte del Gabinete, en febrero de 2017 la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió al funcionario Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity.

"Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA.

El 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa, y en él se pedía no se sancionara a la firma.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity, pero el expediente volvió a paralizarse: en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda".

"La responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron", sostiene el procesamiento.